 |
||
| ||
|
Columnistas 9/12/11 - Nº 106 |
||
|
El gobierno termina de enviar el proyecto de ley que contiene, principalmente, modificaciones al IVA y al IRPF. Una vez más, los antecedentes que precedieron a ese envío señalan diferencias profundas en el seno del mismo Poder Ejecutivo, tanto de política tributaria como de filosofía política. A esta altura, nadie en el Uruguay desconoce que no son siquiera parecidas las formas de pensar del Presidente de la República y la del Vicepresidente y, por ende, las de los sectores del Frente Amplio que respectivamente representan. Es más, no solo no se parecen, sino que son, más bien, diametralmente opuestas. Por otra parte, y además, las discrepancias antedichas se complementan con una – a esta altura – casi despiadada lucha por el poder asociado a la conducción, entre el equipo económico y los ocupantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Es por demás notorio que no hay unidad de mando en el gobierno, y no la hay – ni más ni menos – que en materia tan delicada como la economía, ya no solo en la cuestión tributaria. Tan patológica es la situación que, incluso, parece regir una especie de ley de compensaciones: OPP ganó la pulseada del impuesto a la tierra, contra la voluntad de los ministros de ganadería y economía, y ahora Lorenzo y sus adláteres han logrado mandar la reforma del IVA, aunque la misma es todavía de final incierto. En cuanto a los contenidos de la propuesta de marras, cabe decir, en primer término, que no es tan halagüeña ni bondadosa como se la ha pretendido presentar. Es más, nos apresuramos a declarar que, tal como está, somos partidarios de votarla negativamente, como señal política, por lo menos en lo que refiere a su aprobación en general. Lo decimos a título personal, cuando aún el tema no ha sido objeto de análisis en el seno del Partido Nacional. Nuestra más grave objeción estriba en el daño que, en parte por acción, y en parte por omisión, se infringe a los jubilados y los pensionistas del Uruguay. Por ambas razones, bien podría decirse que la reforma tributaria a estudio del Parlamento la terminan financiando los pasivos. Los artículos 6 y 13 del proyecto cometen el despojo de arrancarle al Banco de Previsión Social recursos por más de 600 millones de dólares anuales, por la vía de suprimir el destino de dos puntos de IVA y la compensación equivalente al desaparecido COFIS. Los jubilados terminan sufriendo, en lugar de un alivio tributario, un auténtico ajuste fiscal. Si esos dineros ya no son necesarios como asistencia financiera, por una mayor formalización del trabajo y un aumento de los cotizantes al BPS – de lo que nos alegramos - pues entonces deben destinarse a mejorar la condición de los pasivos, y a solucionar alguno de sus tantos temas pendientes. No hay pasividades dignas en nuestro país, por lo menos en su mayoría, por lo que la referida exacción de recursos es una medida economicista y socialmente injusta. Por otra parte, en una suerte de perjuicio implícito, el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) es el gran ausente del proyecto de ley. Hay un aumento del mínimo no imponible y un incremento de las deducciones del tributo que pagan los trabajadores – lo que compartimos y entendemos se debe votar – pero los pasivos, cuyo impuesto a la renta ahora se llama IASS, no corren con la misma fortuna y persiste, por lo tanto, su injusta condena. Corresponde aquí acudir a la historia reciente, a efectos de fundamentar cuanto afirmamos. Jubilados y pensionistas pagaban IRPF hasta que, en 2008, la Suprema Corte de Justicia declarara su inconstitucionalidad. Para satisfacer su voracidad fiscal, el gobierno de Tabaré Vázquez derogó aquel gravamen y creó uno nuevo (el IASS) que, en los hechos, era el mismo con un nombre diferente. El mismo en cuanto a que grava la renta en forma progresiva, pero no en cuanto al beneficio de las deducciones, porque los pasivos, a diferencia de los trabajadores, no pueden realizar ninguna. Por eso, es claramente discriminatorio que, con relación al mismo tipo de impuesto, se contemple a los trabajadores de hoy pero se excluya a los de ayer. Por lo demás, el Poder Ejecutivo deberá explicar muy bien el verdadero alcance de la promocionada rebaja del IVA. Por ejemplo, será necesario saber a quienes les llegará, cómo se accederá a ella, y qué pasará con quienes no tengan o no les sea sencillo acceder, tanto a la tarjeta del MIDES como a una tarjeta de crédito. No le será fácil a las autoridades, entre otros motivos porque el compromiso fue bajar el IVA con carácter general, y sin condiciones de especie alguna. El planteo del oficialismo tiene mucho de incumplimiento de las promesas electorales. Los jubilados son testigos principales. Pablo Abdala
|
Boletín Electrónico de La Democracia digital Gratuito
|
|
