La Democracia, Informe Especial

Informe Especial - 9.12.2011 - Nº 106

Impuesto a la concentración de inmuebles rurales (ICIR)

Un impuesto ideológico que podría perjudicar a los productores

El ICIR no evita la concentración de la tierra

La Cámara de Diputados aprobó con 50 votos del oficialismo el Proyecto de Ley que crea el cuestionado Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales y ahora lo estudia el Senado.
Argumentan que lo que recaude el ICIR se necesita para caminería rural, y que el objetivo del mismo es evitar la concentración de tierras, pero nada de esto es verdad. “Vienen a buscar US$ 60:000.000 para caminería y el mismo año que crean el impuesto, el Ministro Pintado devuelve US$ 70:000.000 que no pudo ejecutar en caminería. Entonces, ¿es una necesidad económica para la reparación de la caminería? No, si esa plata la devolvieron”, según palabras del diputado José Carlos Cardoso.
El impuesto es “un discurso para la barra de Por la tierra y con Sendic”, dijo Cardoso en declaraciones a La Democracia. Según el legislador esos sectores reciben este mensaje con alegría, porque sienten que ahora el gobierno se ocupó de la tierra, que era un gran objetivo de los tupamaros desde sus orígenes.

El Proyecto de Ley que crea el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) está a estudio de la Cámara de Senadores. Si se aprueba afectará aproximadamente a 1.200 productores o empresas de un total de 47.300; el 2,5%, que poseen un 36% de la superficie total de tierras.
No pagarán el impuesto el 97,5% de los productores o empresas, que poseen el 64% de la tierra.
Según el informe en mayoría que elevaron los miembros del gobierno en la Comisión de Hacienda de Diputados, la recaudación estimada por este impuesto alcanzaría los sesenta millones de dólares anuales y está destinado a reparar caminería rural en el interior del país.
“Sin embargo, el Parlamento sabe que el Ministro de Transporte y Obras Públicas devolvió US$ 70:000.000 del último año, del área de la vialidad. Vienen a buscar US$ 60:000.000 para caminería y el mismo año que crean el impuesto, el Ministro Pintado devuelve US$ 70:000.000 que no pudo ejecutar en caminería. Entonces, ¿es una necesidad económica para la reparación de la caminería? No, si esa plata la devolvieron”. “Quizás lo hicieron por ineficacia o por falta de gestión; se pueden dar muchos argumentos, pero no es un tema de plata”, expresó el miembro informante José Carlos Cardoso en su exposición en la Cámara Baja.
Cardoso manifestó a La Democracia, que el ICIR es un impuesto “muy extraño” que se propone “compensar” a algunos sectores del Frente Amplio (FA). “Un discurso para la barra de Por la tierra y con Sendic”.
En su opinión esos sectores reciben este mensaje con alegría, porque sienten que ahora el gobierno se ocupó de la tierra, que era un gran objetivo de los tupamaros desde sus orígenes.
Pero si bien “el gobierno tiene un convencimiento muy firme de que este es un gran instrumento, es tan pobre, fue tan mal diseñado, es tan desprolijo en su concepción que da pena”.
Cardoso explicó el impuesto tampoco funciona como nivelador de la propiedad, porque sólo lo pagarán ocho departamentos; los que tienen explotación extensiva. Y van a pagar más en los departamentos que tienen amplias extensiones de territorio destinadas a la ganadería de recría.
La Federación Rural se reunió con el Vicepresidente Danilo Astori y según el Presidente de la FRU, durante el encuentro quedó en evidencia la división del gobierno en la creación del nuevo impuesto.
Astori reconoció que el ICIR afectará la ganadería de cría y se comprometió a estudiar alguna salvedad para el sector en la reglamentación de la ley.
Sanguinetti afirmó que si se ataca a la ganadería de cría, se ataca a toda la gente que trabaja en la cadena cárnica ¿Qué va a quedar de la industria frigorífica y de los empleados de esa industria?, se cuestionó.
En Maldonado, Colonia, San José y Montevideo se van a usar los recursos pero el impuesto no se va a pagar.
“Desde el punto de vista de la concepción de gravar impuestos, el propietario de tierras más importante del Uruguay, el más grande concentrador que haya existido en la historia del país es alguien que tiene 250 mil hectáreas, pero tiene un reaseguro y el impuesto no lo va a afectar”, dijo.
El legislador sostuvo que el ICIR es un impuesto ideológico. Tiene una matriz ideológica que responde a la concepción del Frente Amplio que gobierna hoy y modifica la estructura impositiva que impulsó la otra parte del Frente Amplio, que gobernó en el período pasado. Lo hace apoyándose en una vieja causa ideológica vinculada a la tierra, cuyo origen está en el movimiento tupamaro de la década del sesenta.
En la misma línea de lo expresado por Cardoso, el Gerente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Gonzalo Arroyo dijo que el impuesto es “tan absurdo, pero tan absurdo, que hasta la academia está en contra”. “La Facultad de Agronomía, a través de su decano y uno de sus catedráticos dijo claramente que esto era un absurdo y que impactaba básicamente a los productores uruguayos, no a las grandes empresas. Pero no quieren escuchar porque es un tema ideológico, no racional, y a los temas ideológicos no hay con que darle, no hay argumento que valga”, agregó notoriamente disgustado a El Observador.

El Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR)

El Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, que establece cambios en la tributación del sector agropecuario, crea el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). También modifica la base de cálculo del IRPF y del IRAE en lo referente a las rentas generadas por enajenaciones de inmuebles rurales que se hayan adquirido antes del 1/7/2007. Fue aprobado por la Cámara de Diputados el 16 de noviembre.
Si se aprueba en la Cámara Alta, el ICIR será un impuesto anual que recaerá sobre los activos inmobiliarios rurales al 31 de diciembre de cada año, siempre que en su conjunto excedan por titular las dos mil hectáreas de índice CONEAT 100 o equivalentes (hectáreas CONEAT).
Serán contribuyentes del impuesto las personas físicas, personas jurídicas y demás titulares de los inmuebles gravados. Sin perjuicio de que los titulares de empresas unipersonales, condóminos, socios y accionistas nominativos computarán en su activo personal la cuota parte que les corresponda en los bienes inmuebles rurales, siempre que éstos no estén sujetos al pago del impuesto.
La base de cálculo estará determinada por la cantidad de hectáreas CONEAT de acuerdo a las siguientes escalas y montos a pagar:
De 2.000 a 5.000 hectáreas CONEAT, se pagará por hectárea 67 Unidades Indexadas (aproximadamente USD 8); de 5.000 a 10.000 hectáreas CONEAT, se pagará por hectárea 100 Unidades Indexadas (aproximadamente USD 12), y en el caso de más de 10.000 hectáreas CONEAT, se pagará por hectárea 135 Unidades Indexadas (aproximadamente USD 16).
Según el Artículo 11 del Proyecto de Ley, lo recaudado se destinará a atender los gastos e inversiones derivados de las reparaciones en materia de caminería rural departamental, y el acceso a establecimientos industriales y comerciales ubicados en los departamentos donde se aplique el impuesto.
Actualmente en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y en el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) existe un régimen ficto optativo que permite elegir la forma de calcular la renta gravada por dichos impuestos a la hora de vender inmuebles rurales que hayan sido adquiridos antes del 1/7/2007.
En materia de IRPF dicho ficto prevé una ganancia fiscal gravada del 15% del Precio de Venta, respecto de la cual, aplicada la tasa general del 12%, da como resultado una tributación del 1,8% del Precio de Venta.
En lo que respecta al IRAE, dicho ficto prevé una ganancia fiscal gravada del 6% del Precio de Venta, respecto de la cual, aplicada la tasa del 25%, da como resultado una tributación del 1,5% del Precio de Venta.
Si la iniciativa del Ejecutivo prospera, tanto en el IRPF como en el IRAE se modificarán los fictos mencionados.
Independientemente de la cantidad de hectáreas vendidas, la situación será la siguiente: En el IRPF la ganancia fiscal gravada se calculará como el 15% sobre el valor en plaza del inmueble al 1/7/2007, más el 100% de la diferencia entre el valor en plaza mencionado y el precio de la transacción del inmueble.
En el IRAE la ganancia fiscal gravada se calculará como el 6% sobre el valor en plaza del inmueble al 1/7/2007, más el 100% de la diferencia entre el valor en plaza mencionado y el precio de la transacción del inmueble.
Si se convierte en ley, el ICIR estará vigente a partir del 31 de diciembre inmediato posterior de la vigencia del Proyecto de Ley.

Contradicciones varias, y ¿el Frente Amplio contra el Frente Amplio?

José Carlos Cardoso demostró serias contradicciones en los argumentos del FA para aprobar la iniciativa del Ejecutivo. Lo hizo en su exposición como miembro de la minoría en Cámara de Diputados
La más evidente es la que surge de las declaraciones del Subsecretario de Ganadería, Agricultura, y Pesca en la Comisión de Hacienda de Diputados.
Daniel Garín concurrió el 15 de noviembre en carácter de Ministro Interino a la Comisión, y señaló que la posición de su cartera es favorable al proyecto de ley.
Esto es contradictorio con lo expresado anteriormente por el Ministro Aguerre en la bancada del Frente Amplio. En ese ámbito el jerarca rechazó el impuesto porque considera que su aplicación no solucionará el tema de la concentración de la tierra.
Al Ministro Aguerre “le faltaron argumentos para explicar algo en lo que no cree. Obviamente que no cree. No sé qué hará cuando vuelva y lea la versión taquigráfica de la última sesión de la Comisión en que el Ministro interino dijo que esta era la posición del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca”, dijo Cardoso.
“El Ministro Aguerre está solo, absolutamente solo. A este grado llegó la contradicción de presentar un impuesto que no logra resolver lo que se propone, que es evitar la concentración”. “Por el contrario, la consolida”.
Por otra parte, el legislador recordó que en el año 2007 el gobierno de Tabaré Vázquez patrocinó una modificación sustancial del sistema impositivo nacional y promovió una reforma completa del sistema impositivo, incorporando el Impuesto a la Renta como la matriz del sistema impositivo.
“El impuesto al patrimonio en el campo, ¿por qué se eliminó? Porque para la reforma tributaria del 2007, patrocinada por el Presidente Tabaré Vázquez, el Ministro de Ganadería José Mujica, y el Ministro de Economía Danilo Astori dijeron que no se podía gravar la propiedad, que había que gravar la generación de riqueza. Porque a nadie se le ocurre gravar las máquinas de una industria. Por lo tanto el campo no se debía gravar más.
Ahora vienen con un discurso totalmente contrario.
Son los mismos que nos dijeron que no se podía poner impuestos con renta afectada. No se podía crear un impuesto A para resolver un problema B. Sin embargo ahora vienen con este que es una renta afectada. Se crea un impuesto para la caminería rural”, dijo Cardoso a La Democracia.
“¿Alguien va a explicar esta contradicción? ¿Fue aquello un error o es este un error? Lo digo porque son cosas absolutamente contradictorias.
Esto es el Frente Amplio contra el Frente Amplio en materia impositiva. Es notorio que la actual conducción política del Gobierno que en términos económicos se traduce en una administración bicéfala: un eje lo conduce el Ministro Lorenzo y el otro el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, economista Frugoni se refleja en el debate político e impacta en los proyectos de ley, en este caso, en el debate impositivo”, expresó Cardoso en su exposición en la Cámara Baja.
Cardoso explicó a La Democracia que el Partido Nacional siempre estuvo de acuerdo con el impuesto a la renta y reconoció que se discutió mucho el diseño que había hecho el FA en el 2007, pero el impuesto a la renta en el Uruguay lo inventó el Partido Nacional en 1958.
“Es la renta lo que se debe gravar, y el FA en el gobierno pasado pensaba lo mismo. Sin embargo ahora volvieron a gravar la propiedad. Los mismos que hace tres años nos quisieron convencer que no se podía gravar la propiedad son los mismos que ahora van a gravar la propiedad”.
En relación a las modificaciones establecidas por el Proyecto de Ley para el Impuesto a las rentas de las actividades económicas (IRAE) el legislador también identificó inconsistencias.
“Se nos desafía a discutir y a aprobar una modificación del IRAE al sector agropecuario. ¡Pues bienvenida sea esa discusión! Consultamos al señor Ministro de Economía y Finanzas acerca de si un impuesto de estas características podía ser deducido de un incremento del IRAE, es decir, si un productor que va a ser gravado con este nuevo impuesto, si incrementa su producción y aumenta lo que paga por IRAE, podía deducirlo y la respuesta fue que no. Es decir que se trata de un impuesto regresista; el productor que avance en su producción pagará de la misma manera que el que no aumente su productividad o deje de producir. En realidad no es un impuesto que premie la productividad, sino que es absolutamente fijo”.
Según el Proyecto de Ley que si se es propietario de 1.900 hectáreas no se pagará el impuesto, pero si se tiene 2.100 se pagará por la totalidad, US$ 17.000 anuales. Por lo tanto entre tener 1.900 hectáreas y tener 2.100 hay US$ 17.000 de diferencia.
“¿Hay mucha diferencia entre esos dos productores? No. Entonces, ¿no habrá otros instrumentos jurídicos para los que están en el borde y tengan 1.900 hectáreas? Por tanto, ¿a quién va a afectar el ICIR? ¿A Montes del Plata y a los grandes propietarios? No, a esos no se les mueve un pelo, pero al que tiene 2.100 hectáreas lo agarraron con US$ 17.000 mensuales, y el vecino que tiene 1.900 hectáreas no paga nada, cero”.
Quienes concentren más de 100.000 hectáreas bajo el régimen de tenencia de tierras no están contemplados en la iniciativa. Es decir, que la normativa no incluyó tener la tierra y administrarla con contratos de mediano plazo. A pesar de que es un fenómeno creciente, sobre todo en el sector agrícola. Empresas argentinas de este sector administran decenas y decenas de miles de hectáreas que son de propietarios medios del campo uruguayo, quienes hacen contratos con esas empresas. Son extensiones de más de 100 mil hectáreas que no están fueron tenidas en cuenta en el proyecto.
La especulación también está exonerada.
“Si un productor que tiene más de dos mil hectáreas y un campo que vale US$ 5:000.000 se refugiara en los activos, en títulos de deuda pública, ¿cuántos impuestos pagaría? Ninguno; cero. Es decir que se puede retirar perfectamente del sector agropecuario y alojar los recursos en otro lado. Y si esos US$ 5:000.000 fueran una propiedad (el diputado Jorge Gandini lo mencionó en la Comisión), por ejemplo un edificio en Punta del Este, ¿cuánto se pagaría? Nada; sólo la Contribución Inmobiliaria y el impuesto a los alquileres. ¿Y por qué al campo se le cobra? ¿Por qué esa diferencia? No tiene un fundamento lógico teniendo en cuenta que el campo es, en todo caso, una herramienta de producción, lo que es claramente entendible”, expresó Cardoso.
En relación a las expresiones del Presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, que señaló que existe de parte de ciertos sectores de la izquierda un “odio ancestral al campo”, Cardoso estuvo de acuerdo, pero aclaró que “más que al campo, a la tenencia de tierras. Porque el concepto de propiedad desde esos sectores fue discutido históricamente.
Mucha gente tiene en la cabeza que la propiedad es una cosa que debe ser modificada, corregida. El sistema tradicional de propiedad que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos esos preconceptos. Ni con los trabajadores, ni con los industriales, ni con los empresarios, ni con los dueños de la tierra.
Nosotros creemos que lo que hay que distribuir es la riqueza que se genera.
En materia de distribución el FA también ha demostrado grandes carencias, cuando es lo más importante, poder lucir al final de un período de gobierno haber modificado en favor de los que menos tienen, la distribución de la riqueza, pero no se hace así”, sostuvo Cardoso.

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Director

Dr. Jorge Bartesaghi

Editor

Aníbal Steffen



Informe Especial - 9.12.2011 - Nº 106
Impuesto a la concentración de inmuebles rurales (ICIR) Un impuesto ideológico que podría perjudicar a los productores El ICIR no evita la concentración de la tierra La Cámara de Diputados aprobó con 50 votos del oficialismo el Proyecto de Ley que crea el cuestionado Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales y ahora lo estudia el Senado. Argumentan que lo que recaude el ICIR se necesita para caminería rural, y que el objetivo del mismo es evitar la concentración de tierras, pero nada de esto es verdad. “Vienen a buscar US$ 60:000.000 para caminería y el mismo año que crean el impuesto, el Ministro Pintado devuelve US$ 70:000.000 que no pudo ejecutar en caminería. Entonces, ¿es una necesidad económica para la reparación de la caminería? No, si esa plata la devolvieron”, según palabras del diputado José Carlos Cardoso. El impuesto es “un discurso para la barra de Por la tierra y con Sendic”, dijo Cardoso en declaraciones a La Democracia. Según el legislador esos sectores reciben este mensaje con alegría, porque sienten que ahora el gobierno se ocupó de la tierra, que era un gran objetivo de los tupamaros desde sus orígenes. El Proyecto de Ley que crea el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) está a estudio de la Cámara de Senadores. Si se aprueba afectará aproximadamente a 1.200 productores o empresas de un total de 47.300; el 2,5%, que poseen un 36% de la superficie total de tierras. No pagarán el impuesto el 97,5% de los productores o empresas, que poseen el 64% de la tierra. Según el informe en mayoría que elevaron los miembros del gobierno en la Comisión de Hacienda de Diputados, la recaudación estimada por este impuesto alcanzaría los sesenta millones de dólares anuales y está destinado a reparar caminería rural en el interior del país. “Sin embargo, el Parlamento sabe que el Ministro de Transporte y Obras Públicas devolvió US$ 70:000.000 del último año, del área de la vialidad. Vienen a buscar US$ 60:000.000 para caminería y el mismo año que crean el impuesto, el Ministro Pintado devuelve US$ 70:000.000 que no pudo ejecutar en caminería. Entonces, ¿es una necesidad económica para la reparación de la caminería? No, si esa plata la devolvieron”. “Quizás lo hicieron por ineficacia o por falta de gestión; se pueden dar muchos argumentos, pero no es un tema de plata”, expresó el miembro informante José Carlos Cardoso en su exposición en la Cámara Baja. Cardoso manifestó a La Democracia, que el ICIR es un impuesto “muy extraño” que se propone “compensar” a algunos sectores del Frente Amplio (FA). “Un discurso para la barra de Por la tierra y con Sendic”. En su opinión esos sectores reciben este mensaje con alegría, porque sienten que ahora el gobierno se ocupó de la tierra, que era un gran objetivo de los tupamaros desde sus orígenes. Pero si bien “el gobierno tiene un convencimiento muy firme de que este es un gran instrumento, es tan pobre, fue tan mal diseñado, es tan desprolijo en su concepción que da pena”. Cardoso explicó el impuesto tampoco funciona como nivelador de la propiedad, porque sólo lo pagarán ocho departamentos; los que tienen explotación extensiva. Y van a pagar más en los departamentos que tienen amplias extensiones de territorio destinadas a la ganadería de recría. La Federación Rural se reunió con el Vicepresidente Danilo Astori y según el Presidente de la FRU, durante el encuentro quedó en evidencia la división del gobierno en la creación del nuevo impuesto. Astori reconoció que el ICIR afectará la ganadería de cría y se comprometió a estudiar alguna salvedad para el sector en la reglamentación de la ley. Sanguinetti afirmó que si se ataca a la ganadería de cría, se ataca a toda la gente que trabaja en la cadena cárnica ¿Qué va a quedar de la industria frigorífica y de los empleados de esa industria?, se cuestionó. En Maldonado, Colonia, San José y Montevideo se van a usar los recursos pero el impuesto no se va a pagar. “Desde el punto de vista de la concepción de gravar impuestos, el propietario de tierras más importante del Uruguay, el más grande concentrador que haya existido en la historia del país es alguien que tiene 250 mil hectáreas, pero tiene un reaseguro y el impuesto no lo va a afectar”, dijo. El legislador sostuvo que el ICIR es un impuesto ideológico. Tiene una matriz ideológica que responde a la concepción del Frente Amplio que gobierna hoy y modifica la estructura impositiva que impulsó la otra parte del Frente Amplio, que gobernó en el período pasado. Lo hace apoyándose en una vieja causa ideológica vinculada a la tierra, cuyo origen está en el movimiento tupamaro de la década del sesenta. En la misma línea de lo expresado por Cardoso, el Gerente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Gonzalo Arroyo dijo que el impuesto es “tan absurdo, pero tan absurdo, que hasta la academia está en contra”. “La Facultad de Agronomía, a través de su decano y uno de sus catedráticos dijo claramente que esto era un absurdo y que impactaba básicamente a los productores uruguayos, no a las grandes empresas. Pero no quieren escuchar porque es un tema ideológico, no racional, y a los temas ideológicos no hay con que darle, no hay argumento que valga”, agregó notoriamente disgustado a El Observador. El Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) El Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, que establece cambios en la tributación del sector agropecuario, crea el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). También modifica la base de cálculo del IRPF y del IRAE en lo referente a las rentas generadas por enajenaciones de inmuebles rurales que se hayan adquirido antes del 1/7/2007. Fue aprobado por la Cámara de Diputados el 16 de noviembre. Si se aprueba en la Cámara Alta, el ICIR será un impuesto anual que recaerá sobre los activos inmobiliarios rurales al 31 de diciembre de cada año, siempre que en su conjunto excedan por titular las dos mil hectáreas de índice CONEAT 100 o equivalentes (hectáreas CONEAT). Serán contribuyentes del impuesto las personas físicas, personas jurídicas y demás titulares de los inmuebles gravados. Sin perjuicio de que los titulares de empresas unipersonales, condóminos, socios y accionistas nominativos computarán en su activo personal la cuota parte que les corresponda en los bienes inmuebles rurales, siempre que éstos no estén sujetos al pago del impuesto. La base de cálculo estará determinada por la cantidad de hectáreas CONEAT de acuerdo a las siguientes escalas y montos a pagar: De 2.000 a 5.000 hectáreas CONEAT, se pagará por hectárea 67 Unidades Indexadas (aproximadamente USD 8); de 5.000 a 10.000 hectáreas CONEAT, se pagará por hectárea 100 Unidades Indexadas (aproximadamente USD 12), y en el caso de más de 10.000 hectáreas CONEAT, se pagará por hectárea 135 Unidades Indexadas (aproximadamente USD 16). Según el Artículo 11 del Proyecto de Ley, lo recaudado se destinará a atender los gastos e inversiones derivados de las reparaciones en materia de caminería rural departamental, y el acceso a establecimientos industriales y comerciales ubicados en los departamentos donde se aplique el impuesto. Actualmente en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y en el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) existe un régimen ficto optativo que permite elegir la forma de calcular la renta gravada por dichos impuestos a la hora de vender inmuebles rurales que hayan sido adquiridos antes del 1/7/2007. En materia de IRPF dicho ficto prevé una ganancia fiscal gravada del 15% del Precio de Venta, respecto de la cual, aplicada la tasa general del 12%, da como resultado una tributación del 1,8% del Precio de Venta. En lo que respecta al IRAE, dicho ficto prevé una ganancia fiscal gravada del 6% del Precio de Venta, respecto de la cual, aplicada la tasa del 25%, da como resultado una tributación del 1,5% del Precio de Venta. Si la iniciativa del Ejecutivo prospera, tanto en el IRPF como en el IRAE se modificarán los fictos mencionados. Independientemente de la cantidad de hectáreas vendidas, la situación será la siguiente: En el IRPF la ganancia fiscal gravada se calculará como el 15% sobre el valor en plaza del inmueble al 1/7/2007, más el 100% de la diferencia entre el valor en plaza mencionado y el precio de la transacción del inmueble. En el IRAE la ganancia fiscal gravada se calculará como el 6% sobre el valor en plaza del inmueble al 1/7/2007, más el 100% de la diferencia entre el valor en plaza mencionado y el precio de la transacción del inmueble. Si se convierte en ley, el ICIR estará vigente a partir del 31 de diciembre inmediato posterior de la vigencia del Proyecto de Ley. Contradicciones varias, y ¿el Frente Amplio contra el Frente Amplio? José Carlos Cardoso demostró serias contradicciones en los argumentos del FA para aprobar la iniciativa del Ejecutivo. Lo hizo en su exposición como miembro de la minoría en Cámara de Diputados La más evidente es la que surge de las declaraciones del Subsecretario de Ganadería, Agricultura, y Pesca en la Comisión de Hacienda de Diputados. Daniel Garín concurrió el 15 de noviembre en carácter de Ministro Interino a la Comisión, y señaló que la posición de su cartera es favorable al proyecto de ley. Esto es contradictorio con lo expresado anteriormente por el Ministro Aguerre en la bancada del Frente Amplio. En ese ámbito el jerarca rechazó el impuesto porque considera que su aplicación no solucionará el tema de la concentración de la tierra. Al Ministro Aguerre “le faltaron argumentos para explicar algo en lo que no cree. Obviamente que no cree. No sé qué hará cuando vuelva y lea la versión taquigráfica de la última sesión de la Comisión en que el Ministro interino dijo que esta era la posición del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca”, dijo Cardoso. “El Ministro Aguerre está solo, absolutamente solo. A este grado llegó la contradicción de presentar un impuesto que no logra resolver lo que se propone, que es evitar la concentración”. “Por el contrario, la consolida”. Por otra parte, el legislador recordó que en el año 2007 el gobierno de Tabaré Vázquez patrocinó una modificación sustancial del sistema impositivo nacional y promovió una reforma completa del sistema impositivo, incorporando el Impuesto a la Renta como la matriz del sistema impositivo. “El impuesto al patrimonio en el campo, ¿por qué se eliminó? Porque para la reforma tributaria del 2007, patrocinada por el Presidente Tabaré Vázquez, el Ministro de Ganadería José Mujica, y el Ministro de Economía Danilo Astori dijeron que no se podía gravar la propiedad, que había que gravar la generación de riqueza. Porque a nadie se le ocurre gravar las máquinas de una industria. Por lo tanto el campo no se debía gravar más. Ahora vienen con un discurso totalmente contrario. Son los mismos que nos dijeron que no se podía poner impuestos con renta afectada. No se podía crear un impuesto A para resolver un problema B. Sin embargo ahora vienen con este que es una renta afectada. Se crea un impuesto para la caminería rural”, dijo Cardoso a La Democracia. “¿Alguien va a explicar esta contradicción? ¿Fue aquello un error o es este un error? Lo digo porque son cosas absolutamente contradictorias. Esto es el Frente Amplio contra el Frente Amplio en materia impositiva. Es notorio que la actual conducción política del Gobierno que en términos económicos se traduce en una administración bicéfala: un eje lo conduce el Ministro Lorenzo y el otro el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, economista Frugoni se refleja en el debate político e impacta en los proyectos de ley, en este caso, en el debate impositivo”, expresó Cardoso en su exposición en la Cámara Baja. Cardoso explicó a La Democracia que el Partido Nacional siempre estuvo de acuerdo con el impuesto a la renta y reconoció que se discutió mucho el diseño que había hecho el FA en el 2007, pero el impuesto a la renta en el Uruguay lo inventó el Partido Nacional en 1958. “Es la renta lo que se debe gravar, y el FA en el gobierno pasado pensaba lo mismo. Sin embargo ahora volvieron a gravar la propiedad. Los mismos que hace tres años nos quisieron convencer que no se podía gravar la propiedad son los mismos que ahora van a gravar la propiedad”. En relación a las modificaciones establecidas por el Proyecto de Ley para el Impuesto a las rentas de las actividades económicas (IRAE) el legislador también identificó inconsistencias. “Se nos desafía a discutir y a aprobar una modificación del IRAE al sector agropecuario. ¡Pues bienvenida sea esa discusión! Consultamos al señor Ministro de Economía y Finanzas acerca de si un impuesto de estas características podía ser deducido de un incremento del IRAE, es decir, si un productor que va a ser gravado con este nuevo impuesto, si incrementa su producción y aumenta lo que paga por IRAE, podía deducirlo y la respuesta fue que no. Es decir que se trata de un impuesto regresista; el productor que avance en su producción pagará de la misma manera que el que no aumente su productividad o deje de producir. En realidad no es un impuesto que premie la productividad, sino que es absolutamente fijo”. Según el Proyecto de Ley que si se es propietario de 1.900 hectáreas no se pagará el impuesto, pero si se tiene 2.100 se pagará por la totalidad, US$ 17.000 anuales. Por lo tanto entre tener 1.900 hectáreas y tener 2.100 hay US$ 17.000 de diferencia. “¿Hay mucha diferencia entre esos dos productores? No. Entonces, ¿no habrá otros instrumentos jurídicos para los que están en el borde y tengan 1.900 hectáreas? Por tanto, ¿a quién va a afectar el ICIR? ¿A Montes del Plata y a los grandes propietarios? No, a esos no se les mueve un pelo, pero al que tiene 2.100 hectáreas lo agarraron con US$ 17.000 mensuales, y el vecino que tiene 1.900 hectáreas no paga nada, cero”. Quienes concentren más de 100.000 hectáreas bajo el régimen de tenencia de tierras no están contemplados en la iniciativa. Es decir, que la normativa no incluyó tener la tierra y administrarla con contratos de mediano plazo. A pesar de que es un fenómeno creciente, sobre todo en el sector agrícola. Empresas argentinas de este sector administran decenas y decenas de miles de hectáreas que son de propietarios medios del campo uruguayo, quienes hacen contratos con esas empresas. Son extensiones de más de 100 mil hectáreas que no están fueron tenidas en cuenta en el proyecto. La especulación también está exonerada. “Si un productor que tiene más de dos mil hectáreas y un campo que vale US$ 5:000.000 se refugiara en los activos, en títulos de deuda pública, ¿cuántos impuestos pagaría? Ninguno; cero. Es decir que se puede retirar perfectamente del sector agropecuario y alojar los recursos en otro lado. Y si esos US$ 5:000.000 fueran una propiedad (el diputado Jorge Gandini lo mencionó en la Comisión), por ejemplo un edificio en Punta del Este, ¿cuánto se pagaría? Nada; sólo la Contribución Inmobiliaria y el impuesto a los alquileres. ¿Y por qué al campo se le cobra? ¿Por qué esa diferencia? No tiene un fundamento lógico teniendo en cuenta que el campo es, en todo caso, una herramienta de producción, lo que es claramente entendible”, expresó Cardoso. En relación a las expresiones del Presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, que señaló que existe de parte de ciertos sectores de la izquierda un “odio ancestral al campo”, Cardoso estuvo de acuerdo, pero aclaró que “más que al campo, a la tenencia de tierras. Porque el concepto de propiedad desde esos sectores fue discutido históricamente. Mucha gente tiene en la cabeza que la propiedad es una cosa que debe ser modificada, corregida. El sistema tradicional de propiedad que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos esos preconceptos. Ni con los trabajadores, ni con los industriales, ni con los empresarios, ni con los dueños de la tierra. Nosotros creemos que lo que hay que distribuir es la riqueza que se genera. En materia de distribución el FA también ha demostrado grandes carencias, cuando es lo más importante, poder lucir al final de un período de gobierno haber modificado en favor de los que menos tienen, la distribución de la riqueza, pero no se hace así”, sostuvo Cardoso.		Boletín Electrónico de La Democracia digital Gratuito =La Democracia= Digital www.lademocracia.info Director Dr. Jorge Bartesaghi Editor Aníbal Steffen