Columnistas 27/041/12 - Nº 112              

           Algo pasa en Vivienda

Dr. Pablo Abdala

Utilizando un eufemismo, podría decirse que algo pasa en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. La titular de la cartera compareció, el martes de la semana pasada, en la Comisión del Parlamento que la convocó para responder a las graves denuncias formuladas anteriormente por los funcionarios, y su presentación fue decepcionante. No solo por la pobreza de las respuestas que ensayó junto a la plana mayor del ministerio sino, sobre todo, porque de esa manera confirmó la gravedad de las denuncias, y eso es preocupante.

Todo parece señalar que el ministerio de Vivienda se ha conducido, en particular desde marzo de 2010, como si fuera un feudo privado, en lugar de un organismo público.

Si bien la discrecionalidad en la Administración pública existe, y puede ejercerse en el marco de determinadas reglas y principios, ello no justifica jamás el abuso ni la discriminación. De una cosa y de la otra hubo – y hay – en la repartición estatal que estamos analizando.

Allí se otorgan compensaciones en forma selectiva, se persigue laboralmente a profesionales, técnicos y administrativos por su pertenencia gremial o su filiación política, y se contrata personal de la confianza de los gobernantes de turno utilizando en exceso los distintos mecanismos de contratación.

Tanto lo dicho es así, que el gremio llegó a ilustrar la situación haciendo referencia a la existencia de “dos ministerios paralelos”, es decir, por un lado, el que conforman los funcionarios de carrera, que cuentan con cargo presupuestal y antigüedad, y por otro, el que ha construido la ministra con los que han sido bendecidos por el régimen.

Éstos, siguiendo la misma lógica, desplazaron a los primeros de sus funciones legítimas; con la excusa de que se los incorporaba a distintos proyectos de financiamiento externo, sin embargo, fueron enquistados en la estructura ministerial, en forma más o menos disimulada o desembozada, según los casos.

Obviamente, lo descripto determinó que el clima de trabajo se enrareciera y enturbiara. A ello contribuyó, de forma singularmente eficaz, la falta de disposición al diálogo de los jerarcas, empezando por la señora Muslera.

Desde setiembre de 2010, cuando la actual directiva de la Asociación de Trabajadores del Ministerio asumió, los mismos aguardan – ya sin mayores esperanzas – la posibilidad de que la ministra les conceda una entrevista.

Quedó absolutamente probado, en la instancia parlamentaria a la que hacemos referencia, que ella se ha negado sistemáticamente a recibirlos.

Es curioso, por decir lo menos, que estas situaciones acontezcan durante la administración de un partido político que tanto proclamó, antes de hacerse del poder, su compromiso irrestricto con los intereses de los trabajadores y su apego incondicional a la más plena vigencia de la libertad sindical.

Asimismo, sorprende que esto venga a perpetrarse por parte de un gobierno que prometió convocar a los más capaces, cualquiera fuera su condición política o partidaria, y dotar a la función pública de la mayor transparencia, definiendo ingresos y ascensos por riguroso concurso.

Es curioso y sorprende, o no tanto, porque lo que pasa en Vivienda no es un episodio aislado. En verdad, es más de lo mismo, y otro tanto de lo que viene ocurriendo en diferentes áreas del Estado, ya no desde marzo de 2010, sino desde el mismo mes, pero de 2005.

El Frente Amplio en el gobierno ha practicado el clientelismo y el amiguismo, y lo hizo a la vez que perseguía, postergaba y perjudicaba a funcionarios públicos, violando sus garantías personales y funcionales, por el solo hecho de militar en otras filas y no prosternarse ante la clase dominante.

Lo más grave y peligroso tal vez sea que los gobernantes – no en todos los casos, pues hay honrosas excepciones – actúan de esa manera convencidos de que están en su derecho de hacerlo. Da la impresión que, al menos en algunos, es tal la confusión entre estado, gobierno y partido, que para ellos es igual manejar un ministerio que un comité de base.

Cuando, con el diputado Carmelo Vidalín, le indicamos a la ministra de Vivienda que en su ministerio se habla con insistencia de listas negras, y le mencionamos con nombre propio a quien presuntamente las habría confeccionado, recibimos el silencio por respuesta. ¿No fue preocupación de la titular de la cartera aventar toda duda posible sobre un tema tan delicado?

Son tantas y tan relevantes las interrogantes que subsisten que, junto a nuestro apreciado compañero de bancada, lejos de dar el tema por terminado, nos proponemos, a nivel parlamentario, promover una comisión investigadora.

Es lo que está a nuestro alcance para cumplir la función de contralor, y lo que corresponde a nuestro rol de responsable oposición. Pablo Abdala 

 

Boletín  Electrónico de La Democracia digital

Gratuito