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Columnistas 11/05/12 - Nº 113 |
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Sin afán de dramatizar, es notorio que el país enfrenta dificultades serias en distintas áreas, especialmente en las más sensibles.
A los graves problemas que atraviesan la salud, la educación y la seguridad, se sumó recientemente la crisis del sistema penitenciario, determinada por el hacinamiento que registran las cárceles y, asimismo, por la evidente incapacidad de gestión que el gobierno demuestra en este como en todos los temas.
En principio, es una
regla general que cada quien se organiza como le viene en gracia y
cumple la actividad partidaria como más le gusta o le conviene. Sin
embargo, como todas las cosas reconocen límites, es incontrastable que,
en este caso, las elecciones internas del Frente Amplio no sólo afectan
a los frenteamplistas, pues están condicionado la marcha del gobierno
nacional.
A la inercia
habitual de esta administración, determinada en gran medida por la
impronta de un presidente anárquico y vacilante, deben sumarse las
consecuencias de una encarnizada lucha por las posiciones dentro de la
fuerza política.
En esa competencia,
un poco más o menos, y más o menos desembozada o solapadamente, todos
toman partido y actúan en consecuencia: ministros, subsecretarios,
legisladores, directores de entes autónomos en franca violación a la
Constitución.
A modo de ejemplo de
lo que afirmamos, adviértase que algunos secretarios de Estado integran
listas y participan de actos políticos. Mientras eso ocurre, la
parálisis parece irse extendiendo. En la Cámara de Diputados,
prácticamente no hay proyectos importantes que se estén tramitando e,
incluso, la agenda parlamentaria de los últimos meses se conforma a
partir de planteos de los partidos de la oposición, especialmente
llamados a comisión de diferentes jerarcas o mociones de interpelación
por temas de importancia.
Tal vez la prueba
más elocuente y definitoria haya sido proporcionada por el ministro del
Interior. En medio de la convulsión que se vivió en distintos centros de
reclusión y cuando todo era confusión –ese mismo día una autoridad
carcelaria había lanzado un ataque genérico al sistema político– el
señor Bonomi asistió a un acto partidario de su sector político y además
hizo uso de la palabra.
Se dirá que los
ministros están perfectamente habilitados por la Constitución para
realizar política partidaria, y es verdad; que el referido acto tenía
por finalidad recordar la figura de un muerto y que eso debe respetarse,
y eso también es cierto.
No obstante, de ahí
a que el ministro hable en el acto y se valga de esa circunstancia para
fustigar a la oposición y hacer proyecciones políticas sobre las
elecciones de 2014, hay un abismo. Es muy difícil separar su
comportamiento de la campaña interna de su partido.
Cómo le irá al
Frente Amplio en su elección, es su problema y a nosotros nos tiene sin
cuidado. Lo que nos preocupa es que todo este entrevero de las
responsabilidades de gobierno con la militancia partidaria, termine por
hacerle daño al país y por perjudicar la credibilidad del sistema.
La gente no votó a
quienes gobiernan para que organicen elecciones, sino para que se ocupen
de los grandes temas nacionales, que no son otros que los que los
ciudadanos padecen todos los días. Que, además, se agravan
cotidianamente.
Sin embargo, esa
presunta contradicción se contesta muy fácilmente. En la instancia
promovida por nuestra colectividad, los protagonistas son los jóvenes, y
ninguno de los candidatos tiene, por ahora, responsabilidad por el
ejercicio de un cargo. Pero además, y sobre todo, el Partido Nacional
está en la oposición, y no tiene a su cargo la tarea del gobierno. Ya la tendrá, pero, de momento, es a otro que le corresponde la política carcelaria, la de seguridad, educación o salud, e intransferiblemente debe asumirlas. Dedicando para ello todo su tiempo y energía, y no perdiendo uno y otra por el desgaste de una gimnasia que, salvo a los que la practican, a nadie le importa. Pablo Abdala
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