Informe Especial  -  11/5/2012 - Nº 113                

Estamos ante la mayor crisis carcelaria de los últimos diez años, según el Comisionado Parlamentario

Cárceles: desidia, mala gestión, corrupción y organizaciones delictivas que operan dentro y fuera de los establecimientos

 

Las investigaciones sobre el incendio que en el 2010 dejó 12 muertos en la cárcel de Rocha todavía no han finalizado

En Uruguay hay 9.346 presos, 2146 más que en el año 2007, y cada uno de ellos le cuesta al país más de 20 dólares al día.
La crisis carcelaria desencadenada el viernes 20 de abril es la mayor de los últimos 10 años, según el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Dr. Álvaro Garcé. Sin embargo, el Ministro del Interior postergó la interpelación hasta el mes de junio. Primero argumentó problemas de agenda y proximidad de las elecciones internas del Frente Amplio (el 27 de mayo).
“Que el ministro haya dicho que incide la elección del Frente Amplio demuestra el criterio de prioridades que tenemos. A mí me parece que hoy la prioridad es el problema carcelario, porque impacta en la seguridad pública”, afirmó el diputado José Carlos Cardoso en declaraciones a La Democracia.
Al cierre de esta edición el Ministro Eduardo Bonomi afirma que prefiere ser interpelado después de la visita del relator especial de ONU sobre tortura, Manfred Nowak, quien visitará Uruguay en dos semanas.
En el informe sobre el sistema carcelario del año 2009 Nowak expresó: “El pueblo de Uruguay, un país reconocido por su democracia y desarrollo social, no merece este sistema penitenciario”
 

 

La mañana del 20 de abril el guardia Óseas Pintos junto a un compañero se dirigieron a la celda del recluso Eduardo Brasil, en el Penal de Libertad, para llevarlo hasta la visita. No tenían razones para pensar lo que sucedería minutos después, cuando el recluso extrajo una pistola 9mm y les disparó a ambos.
Óseas Pintos llevó la peor parte. Brasil le disparó en la cabeza y le provocó la muerte cerebral.
El 26 de abril Óseas Pintos falleció. Tenía 27 años y era oriundo de Rivera.
El otro guardia recibió un disparo en una pierna, pero logró sobrevivir. En el mismo incidente otros policías terminaron con la vida del recluso.
Luego de la agresión a ambos agentes, la tarde del viernes 20 los guardias del Penal de Libertad, en solidaridad con sus compañeros heridos suspendieron las visitas. Los efectivos del COMPEN (ex COMCAR) se plegaron a la medida.
Dos días más tarde, el mediodía del domingo 22, los guardias cancelaron la visita en el Centro Metropolitano Femenino. Poco después estalló un motín.
Durante la madrugada del miércoles 25, unos 1.160 presos del COMPEN se amotinaron y destruyeron los módulos 4 y 5.
Los motines destruyeron 550 plazas, 500 en el COMPEN y 50 en el Centro Metropolitano Femenino de Rehabilitación (CNR).
Las reparaciones en el COMPEN costarán entre US$ 5 y US$ 8 millones y estarán finalizadas aproximadamente en unos siete meses.
Tras la destrucción de los dos módulos, 1.294 reclusos quedaron sin techo ni cama y debieron permanecer día y noche en los patios. Entre el jueves 26 de abril y el jueves 3 de mayo el Ministerio del Interior realojó a 635 presos: 260 en el Penal de Libertad, 194 en Punta de Rieles, 120 en Rivera, 34 fueron realojados en La Tablada y 27 en el Centro La Colonia, próximo a Libertad. Pero al finalizar esta etapa de realojamiento 659 reclusos todavía permanecían allí; algunos de ellos “con la ropa puesta desde el miércoles de la semana pasada”, según el Comisionado Parlamentario.
Esta semana se realojarían a más de 300 reclusos, algunos en módulos del COMPEN y otros en la cárcel de Maldonado, pero aún no estaba definido el alojamiento de los 300 reclusos restantes.

La emergencia carcelaria tiene un antecedente trágico

En el año 2010 el sistema carcelario atravesaba una situación de riesgo y vulnerabilidad vinculada al colapso total del sistema eléctrico y sanitario de algunos centros carcelarios, a las condiciones de hacinamiento generalizado de los reclusos, y al desborde de la capacidad material de los recursos humanos disponibles para la custodia del número de internos alojados en las cárceles.
El 8 de julio de ese año la ciudad de Rocha amaneció acongojada. Un incendio ocurrido esa madrugada en la Cuadra Nº 2 de cárcel departamental, próxima al centro de la ciudad, provocó la muerte de 12 reclusos y dejó ocho heridos; tres de ellos con heridas graves.
La cárcel fue construida en 1897 para un máximo de 60 reclusos, pero en ese momento se alojaban allí 112 hombres y 21 mujeres; veinte de ellos en la cuadra que se incendió.
A pocos días de la tragedia, el 13 de julio de 2010 el Senado aprobó la Ley 18.667 (conocida como la Ley de Emergencia Carcelaria) por 20 votos en 29. La ley habilitó al Poder Ejecutivo a adoptar medidas jurídicas, administrativas y financieras con el objetivo de empezar a revertir la situación imperante en las cárceles de nuestro país.
En el aspecto económico se autorizó al Poder Ejecutivo a recurrir a las fuentes de financiamiento necesarias hasta un monto de $ 292.192.931. Ese dinero estaría disponible hasta el 31 de diciembre de 2010 y debía ser utilizado exclusivamente en construcción, instalación, reciclaje, readecuación y, en general, toda modificación edilicia en edificios e instalaciones penitenciarias
o con ese destino. Celebración de contratos de compraventa; contratos de arriendo o comodato de locales destinados a prisiones o penitenciarías, compra de equipamiento para los edificios e instalaciones penitenciarias, y pago de gastos derivados del realojamiento de los reclusos, de su alimentación, cobertura de necesidades básicas, higiene y salud.
Por el artículo 2 la ley autorizó a alojar a los reclusos en instalaciones militares, bajo la custodia interna del Ministerio del Interior y externa del Ministerio de Defensa Nacional hasta el 31 de diciembre del año 2012, salvo que en ese plazo se encuentren plazas disponibles en los centros penitenciarios para albergar la totalidad de los reclusos,
También se autorizó al Ejecutivo a transformar vacantes existentes en el Ministerio del Interior para cumplir funciones de Personal Penitenciario. El único límite, que no se trate de cargos que deben proveerse por ascenso.
Asimismo, según el artículo 4 se crearían 1.500 cargos en el Ministerio del Interior. "Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación" y los centros de reclusión dependientes de las Jefaturas de Policía departamentales.
Los hechos acontecidos en la cárcel de Rocha motivaron la interpelación del Ministro del Interior el 28 de julio de 2010 por iniciativa del diputado José Carlos Cardoso.
El legislador comenzó su exposición afirmando que el tema carcelario "tiene tan larga data como la vida de la República", pero "llevamos 19 muertos en siete meses".
"La tarea básica de una cárcel, la preservación de la vida, no se está cumpliendo, porque en este país no hay pena de muerte", agregó.
Cardoso reconoció que la cárcel de Rocha es un vetusto edificio, pero afirmó que "un gobierno tiene que administrar lo que tiene".
En esa oportunidad el ministro Bonomi presentó un voluminoso informe sobre las cárceles departamentales, COMPEN, CNR, La Tablada y El Molino.
Al finalizar la presentación, el Ministro del Interior afirmó:
"Estoy diciendo todos los desastres que hay en las cárceles porque decirlos es asumir compromisos para luego cambiar esta realidad".
La tragedia de la cárcel de Rocha no se produjo a partir de un motín. El incendio lo provocó un cortocircuito eléctrico. Sin embargo, explicó el diputado José Carlos Cardoso a La Democracia, “ni la Justicia, ni el Ministerio, ni todas las investigaciones que el ministro dijo hace unos años que había abierto, aclararon qué fue lo que pasó en la cárcel”.
Según Cardoso el ministerio todavía no sabe qué pasó en la cárcel porque las investigaciones administrativas que anunció el ministro en la interpelación del año 2010 nunca terminaron. Desde su punto de vista no finalizaron por desidia, porque sólo había cuatro carceleros en el momento que se desató el incendio. “Cómo no van a saber qué es lo que pasó. Ahí hubo ocultamiento de información”, afirmó.
“Los familiares no saben nada, y ya hace dos años. La cárcel está igual, tiene 100 presos. Está en las mismas condiciones de riesgo que estuvo. Ahí no ha cambiado nada, y tampoco se consiguió resolver nada”, subrayó.

El sistema carcelario y la seguridad pública

El sistema carcelario es parte de la seguridad pública, según el diputado José Carlos Cardoso, porque las cárceles en Uruguay se han transformado en lugares de operaciones de los que han cometido delitos.
En declaraciones a La Democracia el legislador explicó que los reclusos operan desde la prisión, manteniendo las redes delictivas que construyeron afuera de la cárcel, lo que hace que no sea un lugar de aislamiento para quienes han cometido delitos.
“Cuentan con teléfonos celulares, con el manejo de las armas y con la organización delictiva que presiona y chantajea adentro de la cárcel a los propios presos. A esto se agrega el vínculo con policías que se corrompen y la organización delictiva que desde adentro y desde afuera mantiene todos sus contactos”, agregó.
El legislador también se refirió a la crisis carcelaria en su programa Sin concesiones, que emite los sábados Radio Rural.
“Cuando hablamos de cómo se mantiene un sistema carcelario estamos hablando del mismo asunto, la seguridad”, señaló
En su opinión el gobierno y el ministro del Interior en los últimos días se han equivocado “de cabo a rabo” en el manejo de las cárceles más importantes del país. Las que tienen a “los presos más pesados, a los delincuentes con delitos más graves, más complicados; Libertad, COMPEN, Cárcel de mujeres, y también en esa línea la cárcel de Canelones”.
Cardoso habló de “mal manejo de las autoridades carcelarias con el consentimiento del ministro”. Y afirmó que el motín del COMPEN comenzó por una suerte de teléfono descompuesto entre el ministro y el sindicato de policías respecto a si se suspendía o no la visita de las familias a los presos. “¡Y eso incendió todo!”
El motín del COMCAR, según explicó a La Democracia, fue motivado por un incorrecto manejo de la suspensión de la visita.
“Que los policías afectados por la muerte de un policía hayan promovido en el Ministerio del Interior la suspensión de la visita no avala al ministro a manejar de forma tan poco profesional el tema”.
“Jugaron públicamente con la suspensión de la visita cuando es lo más importante que hay en el Penal. Y ya vamos a ver en la interpelación por qué las visitas en esta cárcel son tan importantes”, advirtió.
También criticó severamente al Inspector Alcides Caballero, hasta hace pocos días Director del Instituto Nacional de Rehabilitación, (recientemente removido de su cargo), por su desempeño en la cárcel de Rocha de la que era Jefe cuando un incendio mató a doce reclusos.
“¿Quién dirigía las cárceles hasta el lunes pasado? Pereyra Cuadra y Alcides Caballero, este último de tristísima memoria. Jefe de Policía cuando se incendió la cárcel de Rocha y murieron los doce presos. De ciento cuarenta se le murieron doce, casi el diez por ciento de la cárcel. En un incendio, no en un motín, no en un problema, mientras dormían. Eso nunca se investigó nada, nunca supimos qué pasó y hoy la cárcel de Rocha sigue en las mismas condiciones. Esa gente es la que ha dirigido la cárcel”, subrayó.
Asimismo se refirió a las comunicaciones públicas desde que estalló el conflicto y expresó que “no pueden haber sido peor. El señor Pereyra Cuadra, que según el presidente es un viejo sabueso, refiriéndose a un policía de larga data, le dice al diario La República que tiene mensajes de texto, teléfonos celulares, nombres y números de comunicaciones de un diputado de la oposición con un narcotraficante que está preso en Libertad. ¿Se dijo quién era? No. Al otro día se dijo que eso no era tan así. ¿Se puede tan ligeramente decirle a la opinión pública a través de un periodista una cosa tan grave como esa y que todo quede como si no pasó nada? ¿Qué profesionalidad tiene el ministerio para manejarse con la opinión pública? ¿Le dicen cualquier cosa a la gente? Total… después rectificamos al otro día. ¿Se puede decir cualquier cosa desde el gobierno? ¿No se cuida, no se tiene un mínimo de medida cerca de qué es lo que se va a comunicar?”, se preguntó Cardoso.
Después el ministro empieza a involucrar a otros. A repartir responsabilidades. Que la culpa sea de cualquiera menos mía parece decirnos Bonomi. Entonces involucra a la justicia y dice: La jueza Merialdo me mandó hablar con el comisionado para que él negociara, pero como yo no lo encontré, demoré tanto que se rompió toda la cárcel. La culpa es de la jueza.
Llamé al comisionado y como no lo encontré se me rompió la cárcel. La culpa es del comisionado parlamentario”.
Según el diputado José Carlos Cardoso “todo es falso” porque para actuar en un motín el ministro del Interior no tiene que pedirle permiso a nadie. No tiene que convocar a terceros. Tiene que hacerlo él. Tiene que tomar la determinación y hacerlo. Saber que tiene que tener un respeto elemental a los derechos humanos, que no puede entrar a la cárcel con una metralleta y barrer a todo el mundo, porque no hay pena de muerte en el Uruguay, pero que tiene que proceder y cuidar los bienes públicos, entre ellos la cárcel que se destruyó, que va a costar cinco millones de dólares arreglarla.
En cuanto a la responsabilidad de las roturas el legislador señaló que la tienen los presos y el ministro, que dejó pasar el tiempo innecesariamente porque así se lo habrán sugerido las jerarquías.
El comisionado parlamentario es un funcionario del Parlamento y no del Ministerio del Interior. Ayuda, colabora; es su oficio. Nada más. “No puede decirse que estaba esperándose al comisionado. No había que esperar al comisionado para nada. Tanto el comisionado es ajeno al ministerio, tanto es así, que en diciembre del año pasado hizo una denuncia penal contra el ministerio por torturas en la cárcel de Canelones”, señaló Cardoso.
“Y los jueces no intervienen en la interna de las cárceles a no ser que se cometa un nuevo delito, entonces se puede volver a procesar a un prisionero”, agregó.
Con respecto a la actual emergencia carcelaria Cardoso sostuvo que “se necesita mano firme, cabeza atenta y despierta para resolver los problemas, pericia y conocimiento que es lo que no hay en el ministerio”.
“El ministro está mal rodeado, no ha sabido elegir la gente y manejó esta crisis carcelaria de la peor manera”, concluyó.

El Presidente asume y Bonomi pide prórroga

El Presidente José Mujica asumió el martes 1º de mayo el "error" por la demora en la aplicación de la ley de emergencia carcelaria aprobada en el 2010, aunque reconoció que para el Frente Amplio es muy difícil tener que actuar de esa manera en las cárceles.
“Ese es mi error, que la plantee y después se fue demorando y demorando, es culpa del presidente que no puso la pata en el acelerador”,
“Yo la vi de entrada que tenían que controlar los militares. No porque los militares sean dioses, sino que hay que evitar lo cotidiano, la confianza, y el conocimiento, la identidad y la relación. Pero lo vamos a arreglar. La conducción del país conoce de cana, capaz que no conoce de otra cosa, pero de cana conoce y lo vamos a arreglar”, señaló.
La Cámara de Diputados, por su parte, aprobó por 34 votos en 36 la interpelación al ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
El diputado José Carlos Cardoso volverá a interpelar al ministro sobre el sistema carcelario, pero será en junio, porque el ministro pidió prórroga.
Eduardo Bonomi pidió postergar hasta el mes de junio la interpelación argumentando problemas de agenda y proximidad de las elecciones internas del Frente Amplio, que serán el 27 de mayo.
“Que el ministro haya dicho que incide la elección del Frente Amplio demuestra el criterio de prioridades que tenemos. A mí me parece que hoy la prioridad es el problema carcelario, porque impacta en la seguridad pública”, señaló el legislador.
Ahora el ministro dice que prefiere esperar el informe de Manfred Nowak para ser interpelado, pero recordemos que en el año 2009 el informe de Nowak fue lapidario. Entre otras valoraciones señaló que “el riesgo de colapso del sistema penitenciario y la falta de un plan alternativo son una fuentes seria de inseguridad, violencia y deterioro de los valores básicos que severamente impactan en la sociedad en general”.
“El ministro decidió tirar para adelante la interpelación. Necesitará tiempo, quiere verificar mejor los datos. Confirma la prueba de que las cosas no están para nada claras en el propio ministerio”, sostuvo el miembro interpelante.
Mientras el Ministro Bonomi “se toma su tiempo” Cardoso anunció recorrerá más cárceles y continuará recibiendo mucha información “bien clasificada”.
“Los acuerdos multipartidarios, los aportes, las nuevas ideas en materia carcelaria ya lo hicimos en el año 2010. Ahora lo que estamos haciendo es pedirle cuentas y responsabilidades ante el Parlamento”, manifestó Cardoso.
Según el miembro interpelante la reflexión más importante de la interpelación hace días que empezó, porque “el gobierno ha generado más información pública en estos cuatro días que en el último año” y las propias autoridades han puesto en la opinión pública un tema tan grave como el manejo del sistema carcelario, que se ha manejado de una manera tan poco profesional”.
“Todos están hablando, el presidente, el secretario de la Presidencia, el prosecretario, el ministro. Todos están operando en la opinión pública para tratar de explicar cosas referidas al sistema carcelario. En realidad ya estamos en medio de la interpelación, porque de eso se trataba”.
Sobre las medidas que está implementando el gobierno en torno al tema carcelario Cardoso explicó que se refieren a infraestructura, y comentó que siempre son importantes y necesarias. Pero “en cuanto al manejo carcelario no se ha dicho nada. No se informa a la opinión pública de lo que realmente pasa”.
La interpelación se debe “a la incertidumbre que genera la situación carcelaria entre la población, y la incertidumbre no varía porque se pongan en marcha obras y reparaciones. Eso es parte del trabajo que tienen que hacer en forma permanente”, expresó.

  

 

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