Columnistas 6/7/12 - Nº 117                            

 

Responsabilidad penal de los adolescentes

 

Dr.Rodolfo Canabal

Mantiene el primer plano de las cuestiones nacionales la relativa a cuál debe ser el límite de la edad de la imputabilidad, lo cual, entre otros hechos, se confirma por la presentación de más de trescientas mil firmas para solicitar la realización de un plebiscito, simultáneo con las elecciones del año 2014, para someter al voto de los ciudadanos un proyecto que fija tal límite a partir de los 16 años, y que además propone diversas normas complementarias para regular, desde el punto de vista penal y procesal, el respectivo régimen, por vía de una reforma de la Constitución.


Como emerge de lo que en esta columna se ha explicado, las normas legales del país ya han aprobado rebajar tal edad al sancionar el Código de la Niñez y la Adolescencia -CNA- en 2004, que reformó tal límite que el Código Penal había en 1934 fijado a partir de los dieciocho años.

 
Dicho CNA, según su artículo 1º, se aplica “a todos los seres humanos menores de dieciocho años de edad”; “se entiende por niño a todo ser humano hasta los trece años de edad” y por “adolescente a los mayores de trece y menores de dieciocho años de edad”; su artículo 65 reforma el artículo 67, inciso primero, de la ley Orgánica de la Judicatura, Nº 15.750, en la forma que emerge del texto que enseguida se transcribe:
“Los jueces letrados de menores entenderán en primera instancia en todos los procedimientos que den lugar las infracciones de adolescentes a la ley penal”.


Por tanto, el CNA dispuso un régimen penal especial aplicable a los que califica como “adolescentes” (entre 14 y 17 años) y transfirió a los jueces de menores la competencia para juzgar, en primera instancia, los hechos ilícitos en los cuales incurran, penalmente tipificados como delitos.

 
Ello significó, tal como quien escribe lo ha señalado muchas veces, que la rebaja de la edad de la imputabilidad ya es hecho legalmente consagrado desde 2004, y ello lo confirman ampliamente las informaciones que trascienden sobre casos de menores que aun no han cumplido los 18 años pero que son procesados por ilícitos penales graves, homicidios y otros, y sometidos a las medidas de corrección, también de privación de libertad, que en cada caso el magistrado considera que corresponde aplicar.


Pero hoy se desea subrayar que es en verdad urgente que se aprueben, por vía parlamentaria, algunas reformas a las normas vigentes, pues ello corresponde para dar mayor eficacia a las actuales, porque aun cuando el plebiscito propuesto, si se aprobara, mejoraría lo vigente, no sería conveniente esperar al respecto hasta el año 20l4, máxime en razón de no estar asegurada la aprobación de lo sometido al voto en tal plebiscito, además de no ser clara cuál sería exactamente su incidencia sobre las normas vigentes; tampoco sería conveniente que al respecto se debiera recurrir a una reforma constitucional.

 
Aunque no hay coincidencia total sobre el contenido de las reformas a ser aprobadas, sí existe acuerdo acerca de que es indispensable complementar los cambios ya legalmente aprobados, que consistieron en la creación del SIRPA (Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente) por la ley Nº 18.171, de 1º de julio de 2011, y en la sanción de la ley Nº 18.177, de 15 de julio de 2011, que modifica algunas normas del artº 69 del CNE que refiere a las infracciones penales de los adolescentes.


Es importante al respecto mejorar el régimen penal hoy vigente para los adolescentes infractores, que difiere mucho del aplicable a los infractores que ya han cumplido 18 años, o que superan tal edad.

 
La pena máxima aplicable de privación de libertad para los adolescentes es de cinco años de internación, que se debe cumplir en establecimientos separados de los que destinados a quienes incurrieron en delitos penales ya cumplidos los dieciocho años; a ello se debe agregar que el régimen procesal que en tal caso rige no es ciertamente bueno para regular la tramitación con la deseable eficacia, pues la excesiva brevedad de los plazos determina que en los casos graves, que también en general son los más complejos, los jueces tienen dificultad, cuando no imposibilidad, para ajustar a los mismos la marcha de los procesos; en general deben tener acceso a dictámenes de asesoramiento que requieren razonable tiempo para ser debidamente expedidos; acerca de que existen adversas circunstancias en tal régimen para lograr su mayor eficacia coinciden tanto magistrados como abogados que ejercen su profesión y quienes son docentes, y al respecto se han redactado y propuesto proyectos de leyes por colectividades políticas, el último elevado en fecha reciente por las autoridades de gobierno.


Como en notas anteriores se ha señalado en esta columna, los especialistas en general coinciden en que si bien se debería incrementar razonablemente el máximo de la pena actual para los adolescentes, las sanciones que se les deben aplicar no sería razonable que tuvieran intensidad similar a la que corresponde a quienes delinquieron cumplidos ya los dieciocho años.

 
El régimen además, entre otras cuestiones a considerar, debe prever con precisión los casos en los cuales un menor esté sometido a más de un proceso.


Si bien el reciente proyecto de ley elevado por el gobierno no prevé el incremento de la pena máxima, en lo cual disiente con otras iniciativas, se debe entender que, al respecto, no ha de ser difícil lograr acuerdo para aprobar un límite máximo que sea razonable, pero que sea superior al que hoy rige al respecto, que es de cinco años.

 
Lo expuesto es suficiente para explicar la necesidad que existe para la aprobación de tal reforma legal. Pero es pertinente reiterar, en cuanto a los problemas de la minoridad infractora, que no será fácil abatirlos si no se puede eliminar, o atemperar, sus causas, entre ellas las que derivan de las dificultades que se aprecian para que los organismos de enseñanza inicial, primaria, secundaria y bachillerato retengan en más alto porcentaje a sus alumnos.


La trascendencia a nivel nacional de tales problemas hace esperar que las colectividades políticas acuerden en el más breve lapso las mejores fórmulas. No dudamos obviamente acerca de que el Partido Nacional se ha de ajustar al respecto a su tradición más que centenaria.

     Rodolfo Canabal
 
 

 

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