Columnistas 20/7/12 - Nº 118                            

 

Por qué “lo primero es el derecho”

 

Dr.Rodolfo Canabal

En el ejercicio de la actividad, ciertamente apasionante, que es el periodismo, he sostenido con reiteración que “lo primero es el derecho”; ello se reiteró en breve nota inserta en la anterior edición de “LA DEMOCRACIA”, y hoy, una vez más, se hace por considerarse que se ha dado un hecho que impone mantener con firmeza tal tesitura.


Es que en el país existe un régimen jurídico-institucional muy claro y preciso, ya inserto en las normas de la Constitución cuya jura se hizo el 18 de julio de 1830, y que como lo han afirmado ilustres juristas en verdad era ya realidad con anterioridad a tal fecha, que impone el cabal ajuste a las normas jurídicas que fijan la organización de las instituciones, sus competencias y atribuciones, el respeto a los derechos de los ciudadanos, y que, a través de sus tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con potestades mutuas que importan una eficaz forma de equilibrar las facultades publicas se ha mantenido inalterado en todas las reformas ulteriores de la carta fundamental.


A ello es menester agregar que, además de estar establecido en las normas, está incorporado a las convicciones de la ciudadanía, y también se considera que ha inspirado la forma en que habitualmente actúan quienes ejercen las funciones de gobierno y de la administración pública.


Por ello ha causado gran preocupación el reciente episodio suscitado con relación al Mercosur, cuando el Presidente Mujica, en acuerdo con quienes ejercen la presidencia de Argentina y de Brasil, votó afirmativamente la suspensión de la actuación de Paraguay, y ante tal suspensión acompañó con su voto el ingreso a tal organismo de Venezuela, ingreso al cual en Paraguay se había opuesto la Cámara de Senadores.


Como fundamento de tales decisiones el Presidente Mujica y sus colegas de Brasil y Argentina sostuvieron que el cese del Presidente Lugo por la Cámara de Senadores equivalió a un “Golpe de Estado”, concepto que significó desatender que el juicio al Presidente Lugo fue promovido por la Cámara de Diputados, y resuelto por la de Senadores, por amplísima mayoría de sus integrantes, libremente electos, en ejercicio de potestades insertas en el régimen constitucional allí en vigor.
Además, dado que la suspensión de Paraguay obedeció a considerar violatorio del orden constitucional el cese de quien ejercía su presidencia, hubiera correspondido, como primera medida, consultar al respecto a su gobierno acerca de los hechos allí acontecidos; por tanto, suspenderlo en el Mercosur antes de tal consulta no fue tampoco legítimo.


Y tampoco fue legítimo que los otros tres países que integran tal organismo resolvieran el ingreso al Mercosur de Venezuela, pues tal ingreso se debe resolver por consenso por todos los países que integran la entidad, por tanto, con intervención al respecto de Paraguay, pues la suspensión no lo ha excluido de ser uno de sus integrantes.


Vale decir: tal decisión también careció de legitimidad (dicho ello al margen de si, por motivos económicos o comerciales, pudo o no ser conveniente el ingreso del mencionado país al Mercosur).
Y es oportuno agregar que también se ha impugnado la validez jurídica de lo resuelto al sostenerse, por quienes tienen especialidad en la materia, que no se ha ajustado a los acuerdos internacionales que el país debe respetar.


A la falta de legitimidad de lo resuelto, en sí misma grave, se adiciona lo que el Presidente Mujica expresó para apoyar lo que con su voto contribuyó a resolver en el Mercosur.


En efecto: sostuvo, con reiteración, públicamente, que debe prevalecer lo político sobre lo jurídico, vale decir, precisamente todo lo contrario a lo que corresponde de acuerdo con un régimen jurídico que el 18 de julio reciente ha cumplido ciento ochenta y dos años y mantiene plena vigencia, pues equivale a decir que el derecho, la Constitución, las leyes, no se deben aplicar, o sea respetar, si quienes ejercen las funciones de gobierno consideran que existen motivos de índole meramente política que en su concepto así lo aconseja.


Tal concepto, obviamente, no es el que corresponde aplicar cuando existe cualquier fundamento derivado de normas o principios que lo tornan no compatible con el régimen jurídico aplicable en el caso, según claro mandato constitucional.
Tal como quien escribe lo ha afirmado en nota reciente inserta en “El Telégrafo”, las afirmaciones públicas que al respecto emitió el Presidente Mujica en fecha reciente son profundamente equivocadas; sin duda alguna fueron realizadas sin la previa meditación y estudio acerca de su real contenido y alcance.


Si el criterio que de ellas se extrae fuera normalmente aplicado en la gestión de gobierno sobrevendría un formidable desorden pues equivaldría, ciertamente, al normal apartamiento o desconocimiento del ordenamiento jurídico- institucional por meros intereses de índole política.


Con profunda sinceridad, al culminar el presente comentario, expreso con convicción que el Presidente, una vez que medite con la indispensable serenidad acerca de los conceptos incompatibles con el ejercicio regular de la función de un gobierno ajustado a nuestro régimen jurídico-institucional que ha emitido, y advierta que fue un error hacerlo sin el debido asesoramiento, así ha de reconocerlo pública y lealmente.

     Rodolfo Canabal
 
 

 

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