Columnistas 3/8/12 - Nº 119                           

 

Por qué “lo primero es el derecho”

 

Dr.Rodolfo Canabal

En esta columna, ante la ya conocida decisión que acordó el Presidente conjuntamente con quienes presiden los países linderos relativamente al Mercosur, y particularmente ante su afirmación en el sentido de que lo político prevalece sobre lo jurídico, se volvió a señalar, mediante el concepto contenido en la frase “lo primero es el derecho”, la trascendencia que tiene su debida aplicación en el régimen jurídico nacional.


Y dicha trascendencia ha sugerido volver al análisis de su contenido en razón del prestigio que la aplicación de tal concepto le ha dado al país en el ámbito internacional.


La base de tal respeto tiene su origen, ciertamente, en primer término, en lo que emana de las normas que la primera Constitución que se juró el 18 de julio de 1930 contenía, confirmadas plenamente en las ulteriores reformas constitucionales; en segundo término, como también aquí se señaló, tal régimen ha sido base de las profundas convicciones que sustenta la ciudadanía patria; pero además, porque, fundamentalmente, ha orientado la conducta de los ciudadanos que actuaron en ejercicio de las fundones que corresponde desenvolver a los poderes estatales.


Dicha realidad ha generado alto prestigio para el país en el ámbito internacional, pues es normal, en el exterior, que se reconozca que el funcionamiento regular de sus diferentes poderes asegura el respeto, y amparo, de todos los derechos, tanto los de quienes aquí nacieron, como los de aquellos que, no siendo uruguayos, aquí ejercen actividades, o son de ellos titulares.


Precisamente, en fecha reciente, ha trascendido que ante actitudes de un país vecino, que se ha entendido que no son ajustadas a las indispensables garantías, integrantes del cúmulo de quienes allí tienen importantes inversiones analizan la posibilidad de trasladarlas al nuestro, en razón de la vigencia plena de su régimen jurídico, porque garantiza la debida vigencia de todos los derechos.


Por ello, tal como en el precedente comentario aquí se expresó, es muy equivocado el criterio que sustentó el presidente cuando formuló las expresiones que entonces se glosaron y que se han reiterado precedentemente, pues lo que corresponde es en verdad todo lo contrario, vale decir: ajustar las decisiones de quienes ejercen los cargos públicos a lo que emana del régimen jurídico en vigor, o sea ajustarse al derecho. Y por ello en la nota precedente aquí se sostuvo, y ahora se reitera, que tales expresiones se entiende evidente que fueron emitidas al margen de la previa y debida meditación sobre su contenido y alcance, también al margen del asesoramiento técnico que es indispensable para quien no tiene especialización en la respectiva materia.


El caso trae a la memoria el episodio suscitado el 27 de marzo del año anterior, cuando se realizaban las elecciones de candidatos de empresas, trabajadores activos y pasivos, para ocupar los cargos de representación de dichos sectores en el BPS. Entonces, cuando el Presidente pretendió votar, no se le permitió hacerlo por no haberse aun cumplido un año de su incorporación al respectivo padrón; y tal como correspondía aceptó la pertinencia de tal situación, lo cual fue públicamente señalado como ejemplo de la plena vigencia de nuestro régimen democrático.


Como se dijo en comentario que el responsable de esta columna insertó entonces en “El Telégrafo”, el tema trae al recuerdo conceptos que en LA DEMOCRACIA emitió el Dr. Alberto Volonté hacia 2008, cuando expresó que “en su corta historia nuestro país ha demostrado poseer algunos factores que ponen de manifiesto su viabilidad de origen y que permiten ir dibujando su identidad nacional: su identidad política, su civilidad, su institucionalidad; la identidad nacional se tiene que seguir forjando, se tiene que moldear más, lo que se logra con los años. Pero la base ya está y es excelente. Porque, en el mundo libre, tener estabilidad política y, sobre todo, la facultad de resolver civilizadamente y en armonía las diferencias internas, es un valor inestimable. Esa es la identidad que nos hace viables; lo que ahora importa es que estamos demostrándole al mundo nuestra clara identidad con apego a las grandes ideas de la civilización: la libertad, la democracia y la estabilidad política”.


El Presidente tiene por tanto que comprender en cuál medida pone en riesgo nuestra identidad, nuestro régimen de derecho, nuestra democracia, nuestra estabilidad política, nuestra institucionalidad, la aplicación del concepto por él expuesto acerca de que lo político prevalece sobre lo jurídico, pues contradice totalmente lo que emerge del régimen constitucional del país, de la convicción de sus ciudadanos, del normal proceder de quienes han ejercido las principales funciones de sus tres poderes.


Como en alguna oportunidad anterior quien escribe señaló, lo que básica, sustancial y sintéticamente emerge del contenido del presente comentario evidencia la muy clara realidad que deriva de la profunda convicción democrática del país y la forma en que ella incide en la conducta de gobernantes y de ciudadanos, al margen de acuerdos o de disidencias ideológicas o políticas.


Por tanto que es muy claro el error en el cual incurrió el Presidente al emitir los conceptos precitados pues lo que corresponde es ajustarse lisa y llanamente al concepto de que “lo primero es el derecho.

     Rodolfo Canabal
 
 

 

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