Noticias  - 3/8/12 - Nº 119                                                       


Luis Alberto Heber propuso dragar unilateralmente el canal Martín García

 

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, insistió en que Uruguay debe dragar unilateralmente el Canal Martín García, ante las trabas que surgen por el conflictivo relacionamiento con Argentina.

“Lo tenemos que hacer nosotros solos, por nuestra cuenta, y no hacer más papelones”, afirmó Heber.

El senador argumentó que el tratado firmado por Uruguay y Argentina en 1973 establece que “de no haber voluntad de una de las partes se puede hacer unilateralmente” la obra.

Según informó, esta posición es sostenida por el reconocido jurista Edison González Lapeyre, quien participó en la redacción del tratado y ocupó durante el gobierno nacionalista la Presidencia de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP).

En una entrevista con el diario El País, González Lapeyre afirmó: “Hoy creo que lo más conveniente, a la luz de todos estos acontecimientos, es rescindir con Argentina los acuerdos celebrados para el dragado conjunto del Martín García y que Uruguay drague en forma unilateral esos canales, los administre, regule su navegación y perciba la tasa de peaje que considere pertinente”.

Luego agregó: “La rescisión del tratado es totalmente viable porque a los argentinos no les interesa invertir dinero en dragar el canal”.

Ante las sospechas de que hubo irregularidades en la CARP, y que presuntamente el presidente de la delegación uruguaya, Francisco Bustillo, recibió una oferta de soborno para beneficiar a la empresa Riovía –encargada de dragar el canal Martín García-, los gobiernos de Uruguay y Argentina acordaron realizar una auditoría y encomendaron la tarea al Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura de la Nación, respectivamente.

En los últimos días, se conoció el informe del Tribunal de Cuentas y se desató una nueva tormenta diplomática con el gobierno de Cristina Fernández.

El órgano de contralor uruguayo expresó "dudas" sobre el contrato con Riovía y afirmó que la delegación argentina retrasó la negociación del dragado lo que supuso un beneficio para la empresa que actualmente trabaja en el Canal Martín García.

Además, consideró que la delegación argentina dilató la discusión "de temas importantes a los intereses de nuestro país".

Por otro lado, destacó que los delegados uruguayos ante la CARP se desempeñaron correctamente, ajustados a las normas y "tratando de preservar los intereses del país".

Además, el informe refiere al presunto intento de soborno a Bustillo y menciona una reunión entre el presidente de la delegación uruguaya, el ex vicecanciller argentino Roberto García Moritán y Sergio Cetera, representante comercial de Riovía.

"Analizadas en su conjunto, estas situaciones permiten irradiar dudas sobre la regularidad de los procedimientos tendientes a extender el vínculo con Riovía, a partir del mes de febrero”, dice el Tribunal de Cuentas.

También expresa que "amerita que la Cancillería evalúe la adopción de las medidas que correspondan a derecho".

En tanto, la Sindicatura de la Nación (un órgano que depende de la Presidencia argentina) informó que “es razonable” el precio acordado para la extensión del contrato con Riovía, y defendió la actuación de los representantes argentinos en la CARP.

"El monto resultante de la negociación entre las partes (US$ 15.150.000 anuales), resulta razonable en relación con los montos calculados según los criterios de actualización aplicados", dice el informe.

Los auditores argentinos nada dicen del proceso de negociación ni del presunto intento de soborno. 

Cartas que van y vienen

 El canciller argentino, Héctor Timerman, enterado del informe del Tribunal de Cuentas se mostró contrariado y comenzó un intercambio epistolar con su par uruguayo, Luis Almagro.

Primero, la Cancillería argentina comunicó a través de una nota de prensa publicada en su página web, que "resolvió suspender nuevas actuaciones relativas al Canal Martín García hasta tanto el Gobierno uruguayo se sienta totalmente satisfecho de haber aclarado sus dudas sobre la regularidad de los procedimientos, expresadas por el Tribunal de Cuentas" de Uruguay.

El comunicado agrega que la auditoría del Tribunal de Cuentas (TCR) "contradice lo expresado por el Canciller Luis Almagro" el 12 de junio en el Senado, cuando afirmó: "Quiero decir que, tal como ha señalado el señor Embajador Bustillo, no hay en ellas nada para denunciar ni que involucre actuación delictiva -ni siquiera en grado de tentativa- por parte de los funcionarios argentinos".

Por último, la cancillería argentina puso en dudas la intencionalidad de los auditores del TCR.

Inmediatamente, el canciller Almagro salió al cruce y emitió otro comunicado donde “rechaza la decisión unilateral" argentina "de suspender las actuaciones relativas al Canal Martín García" e "insta a continuar las negociaciones inmediatamente"

El comunicado respalda lo actuado por el TCR y menciona que ese organismo tiene autonomía funcional. Agrega que el informe del TCR concluye que "la extensión del contrato fue estrictamente ajustada a Derecho" y que el precio acordado "fue considerado como totalmente razonable".

Con relación a las versiones de un soborno, el comunicado expresa que para el TCR "desde el punto de vista jurídico, no existe siquiera la apariencia de un delito, especialmente del que se hizo eco la prensa", por lo que "no existe contradicción alguna entre lo afirmado por el Canciller y el TCR".

La situación siguió complicándose, ya que el gobierno argentino comunicó que en futuras obras en el canal Martín García sería excluida la empresa Riovía.

Timerman envió una misiva a Almagro donde comunicó que, "atento al informe presentado por el Tribunal de Cuentas del Uruguay, para la Argentina, la empresa Boskalis International B.V., controlante de la sociedad concesionaria Riovia S.A., ha perdido la condición de empresa pre-calificada, otorgada por Resolución CARP 1/2012".

Afirma que en consecuencia, instruyó a la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) a excluir a la empresa Boskalis-Riovia "de la lista de empresas pre-calificadas para la licitación pública internacional para la profundización del Canal Martín García".

Ante esa posición, Almagro contestó que Argentina deberá asumir los efectos jurídicos y económicos de esa decisión unilateral e inconsulta.

"Corresponde advertir que los efectos económicos y jurídicos de las medidas unilateralmente tomadas" referidas a la exclusión de Riovia "serán de exclusiva responsabilidad de su parte", expresa la nota que Almagro dirigió a Timerman.

Respecto a la auditoría del TCR, que señaló dudas sobre la regularidad de la extensión del contrato con Riovía a partir de febrero, "corresponde destacar que el mismo se realizó en el ámbito de su competencia y jurisdicción, en virtud de lo cual, los efectos de este alcanzan en exclusividad a la parte uruguaya", afirma la carta.

Empero, Timerman mantuvo su posición de excluir a Riovia de futuros trabajos y envió una nueva carta a Uruguay.

Asimismo, la Cancillería uruguaya respondió, dejando en claro, que no apoya a ninguna empresa para el dragado, que se debe cumplir un proceso transparente de licitación y recordó que las decisiones en la CARP no son unilaterales.

Luego, el gobierno de Argentina, a través de otro comunicado que difundió su Cancillería bajo el título "¿Quién protege a Riovía?" acusó a Uruguay de no colaborar en la investigación de la denuncia de presunto intento de soborno.

El presidente José Mujica se molestó por el intercambio y dijo que "no es saludable contestarse por la prensa".

Por último, el senador Sergio Abreu opinó que la Cancillería debería presentar ante la Justicia lo ocurrido con la prórroga del mantenimiento del dragado del canal Martín García a la empresa Riovía, tal como siguiere la auditoría del TCR.

"Debería hacer la denuncia y averiguar el delito cometido, que casi seguramente es el cohecho", afirmó Abreu.


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