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En octubre de 2010 se produjo un incendio en el Cilindro Municipal –que estaba siendo reparado-, sobre cuyas causas todavía no tenemos información. Luego de agotados los Planes “A” (reconstrucción por parte de la Intendencia de Montevideo), del Plan “B” (llamado a licitación para adjudicar la reconstrucción a una empresa privada), la Intendenta Ana Olivera nos sorprende con la existencia de un novedoso “Plan C”. ANTEL anunció el pasado 2 de abril que invertirá –al menos- 40 millones de dólares para construir un complejo multifuncional que se denominará “Antel Arena”, en el predio del Cilindro. Este Servicio celebró un Convenio con la Intendencia de Montevideo para encargarse de la construcción y gestión de esta infraestructura durante un plazo de 30 años; y aparentemente –según los dichos del oficialismo- las conversaciones para lanzar el proyecto se iniciaron en octubre de 2012. La oposición no estaba enterada de nada. Hay que tener presente también que en el Directorio de ANTEL todos los integrantes responden al oficialismo, ya que el colorado Carlos Guariglia renunció en agosto de 2012 cuando el sector “Vamos Uruguay” del Partido Colorado decidió retirar a los siete representantes que participaron en distintos entes y servicios. El art. 190 de la Constitución es claro: “Los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales”. De esta norma y de la correspondiente Carta Orgánica se desprende la inconstitucionalidad del proyecto: ANTEL no puede dedicarse a una cuestión que es ajena a sus competencias, a pesar de que su Presidente, Ing. Cosse afirme lo contrario. Ahora bien, la oposición no tenía conocimiento del proyecto; las tratativas entre la Intendencia de Montevideo y ANTEL se habrían iniciado en octubre de 2012; no existe previsión presupuestal por parte de ANTEL para afectar esa suma a un proyecto como el anunciado; y -por si faltaba algo más- la Intendente Olivera afirma que era su “Plan C” para reconstruir el Cilindro o hacer algo en esa ruina. A confesión de parte relevo de prueba. Se trata de un proyecto político que corre en auxilio de la mala gestión de la Intendente capitalina, quien va a culminar su mandato sin poder solucionar los problemas más elementales que tiene (higiene, tránsito, iluminación, burocracia, carga impositiva, mantenimiento de los espacios públicos, ordenamiento territorial) pero –tal vez, si el proyecto sigue adelante- podrá colocar una piedra fundamental en el otrora Cilindro, o avanzar en el proyecto, ya que se prevé que luego de un año de realizada la licitación correspondiente comenzarían las obras. Es el sueño del monumento propio, esa gran tentación de muchos gobernantes, que no es de por sí desdeñable pero que debería pensarse dentro de un plan de prioridades en la gestión. Especialmente porque estamos hablando de dinero público y no de la reforma de la casa propia. El día en que se anunció el Proyecto estaban presentes cuatro Ministros: de Turismo, de Industria y Energía, de Defensa y del Interior. Seguramente este último porque su Secretaría tendrá una nueva tarea que es desafiante: custodiar un edificio que supuestamente estará abierto las 24 hs, y evitar además que en los espectáculos ingresen mastines, cosa que hasta ahora no se pudo evitar en el Estadio Centenario. Pero faltó, nada menos, el Ministro de Educación, a pesar de que entre los argumentos, se afirma que la nueva infraestructura “podrá ser utilizada por escuelas y otras instituciones”. No se ha señalado cómo se cumplirá eso ni ningún detalle que lleve a pensar que este complejo multifuncional realmente aportará algo a la Educación. Pero bueno, sabemos que el gobierno y la educación en estos últimos años son unos verdaderos “separados al nacer”. No obstante, la idea de que los niños serán beneficiados, es algo que normalmente nadie se anima a cuestionar públicamente. Así que para el marketing directo al que alude la Ing. Cosse, la simple mención de “escuelas” viene muy bien. Al menos en la preventa del proyecto. Lo curioso de esta iniciativa es que la máxima autoridad de ANTEL insiste en compararnos con Santiago de Chile, Río de Janeiro, etc. que cuentan con sus Arenas. No dice que son privadas, que no son construidas ni gestionadas por empresas públicas y monopólicas e incompetentes para hacerlo. Tampoco nos explica por qué –teniendo una población de 3 millones de habitantes- se construirá un complejo con 15.000 localidades –que estará abierto las 24 horas- cuando en los ejemplos mencionados la cantidad de locaciones es igual, pero la población es ampliamente superior. El Antel Arena, al igual que el Arena de Santiago y de Río de Janeiro tendrá 15.000 localidades, pero hay 17.300.000 habitantes en Chile -y de ellos más de 6 millones viven en la capital-; y en Brasil la población supera los 196 millones de personas –más de 6 millones de ellos están en Río de Janeiro-. De acuerdo al Censo 2011 (con la incertidumbre que el dato genera, pero es el que existe) en Uruguay hay 3.300.000 habitantes. Por lo tanto, las comparaciones que realiza la Presidente de Antel queriendo argumentar que “es normal” este tipo de Proyecto en el área de telecomunicaciones, no tienen sentido desde ningún parámetro (propiedad del estadio, competencia de los que lo crean y gestionan, población, existencia o no de monopolio, etc.) A ello debemos sumar que ANTEL tiene la potestad –según el Convenio suscrito con la Intendencia- de conceder la construcción y/o gestión del estadio a empresas públicas y privadas que designe. Y eso lo podrá hacer por todo el plazo de 30 años, o por parte del mismo. El Convenio en cuestión dice que ANTEL “aspira a reforzar su liderazgo… mediante el beneficio que reportará la asociación de su imagen y marca a los principales eventos deportivos, artísticos y culturales”. En la prensa, el argumento ha variado: “acción de marketing directo”, “posicionar mejor la marca”, “impulsar la demanda de servicios de banda ancha” (¡durante 30 años!), concretar una “inversión con retorno”, etc. Ahora bien, si ANTEL dispone de un mínimo de 40 millones de dólares para destinar a esta iniciativa, y asegura que es un buen negocio, deberíamos preguntarnos, además, si la rentabilidad de ese buen negocio futuro se va a volcar en la mejora del servicio que brinda o nuevamente podría disponerse de importantes sumas del dinero de todos los uruguayos para continuar esa línea de “buenos negocios”. Porque si se insistiera con el argumento –que no es cierto- de que ANTEL puede construir y gestionar un centro polifuncional de espectáculos deportivos, culturales y artísticos, bien podríamos suponer que ANTEL podría reinvertir indefinidamente los beneficios de esta “inversión con retorno” en otros proyectos ajenos a su giro, como lo es la construcción, arrendamiento, compraventa, etc. de inmuebles. Tal vez, supongamos, podríamos llegar a tener una Antel Inmobiliaria, por ejemplo, ya que puede negociar su participación en este Proyecto tanto con públicos como con empresas privadas, cederles la concesión y muchas otras cosas más. En cuanto al supuesto fundamento del proyecto, ¿acaso no hemos sido testigos de la cantidad enorme de auspicios que ha hecho y hace ANTEL en los eventos deportivos (Selección Nacional de Futbol, Basketball por ejemplo), en espectáculos artísticos (notorios ejemplos: decenas de conciertos de Jaime Ross; Los Olimareños en Atlántida –U$S 450.000 en total- Elton John, auspicio anual y uso gratuito del Anfiteatro para la murga Agarrate Catalina, etc.) y culturales (no sé si aquí correspondería incluir la contribución al Congreso Latinoamericano de Estudiantes organizado por la FEUU, y la contratación del argentino Adrián Paenza). ¿Necesita gastar un mínimo de 40 millones más todo lo que se genere como gasto para la licitación, adjudicación y contratación de quien diseñe y construya el estadio, eventuales incrementos, etc. para “reforzar la marca” en “eventos deportivos, artísticos y culturales”? ¿Y qué hace el Ministerio de Educación y Cultura? ¿Y qué hace el Ministerio de Turismo y Deporte? ¿Acaso se encargarán de abaratar los costos de las comunicaciones y mejorar los servicios de telefonía fija y celular, conexión de datos, adecuación de equipamientos, etc.? Evidentemente, la Intendencia de Montevideo, que recauda más de 500 millones de dólares al año y que ha demostrado ser absolutamente inoperante, necesita mostrar la imagen de algo hecho, que no será lo básico (mantenimiento de la higiene de la ciudad, del alumbrado, del tránsito, de los espacios públicos) que debía cumplir, sino una obra que podría modificar su imagen ya sobre el período electoral, mostrando una obra nueva para la campaña; aunque realizada con dinero ajeno y que sólo estará bajo su administración luego de 30 años, por lo menos. Es evidente la insinceridad de los motivos en los que el oficialismo pretende basar este proyecto; entre otras cosas por la falta de previsión presupuestal de ANTEL para hacerlo, y de lo señalado por la propia Intendencia de Montevideo “era nuestro Plan C”. Veremos ahora qué hace la Junta Departamental de Montevideo, qué informará el Tribunal de Cuentas, y qué hace el Poder Ejecutivo, que de acuerdo a la Constitución de la República puede observar y suspender los actos de ANTEL. Y qué hará el resto del sistema político, y los propios Directores, cuya responsabilidad puede verse afectada por participar de una cuestión claramente inconstitucional. |
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