Informe Especial 19/4/13 - Nº 133
La minería de gran porte no cuenta con el consenso social y divide los votos
en el Partido Nacional
El Proyecto de Ley de Megaminería pasará a la Cámara de Senadores, donde muy probablemente se apruebe. De ser así la mayor parte de los votos serán del Frente Amplio.
El Partido Nacional votó en contra, y los seis diputados nacionalistas que acompañaron el Proyecto de Ley en general, votaron en contra algunos artículos. Son diversos los argumentos expresados por los legisladores tanto para haber votado a favor como en contra.
El miércoles 18 de abril se aprobó el Proyecto de Ley de Minería de Gran Porte con los votos de los legisladores del Frente Amplio, del Partido Independiente y de los diputados nacionalistas Carmelo Vidalín, Jaime Trobo, Rodolfo Caram, Ricardo Berois, Gustavo Borsari y José Carlos Cardoso que, sin embargo, votaron en contra algunos artículos. Cumplida esta instancia el Proyecto de Ley pasará a la Cámara de Senadores.
En opinión de José Carlos Cardoso, “el peor escenario es que nos quedemoscon las normas como están, porque entonces no hay controles ambientales, no hay ordenamiento territorial ni nada”. Y agregó: “Oponernos a cambios y ajustes a la legislación es dejar que quede vigente lo que está, y lo que está es lo peor”.
Cardoso afirmó que le interesa legislar para actualizar la norma vigente, “porque si no se te llevan el subsuelo a cambio de nada, y no en el futuro. Se lo están llevando ahora”.
Según Cardoso, la ley actual dibuja un marco tributario por el que la minería sólo aporta un 5% de impuestos, mientras que el proyecto que ahora está en discusión gravará los beneficios mineros con un 50%. Además, dijo el diputado blanco “la minería de gran porte ya existe en Uruguay y no hay normas adicionales ambientales ni de ordenamiento territorial que la regulen. Lo que estamos haciendo es poner al día la legislación, pareciéndonos a Noruega, Canadá o Australia”.
Álvaro Delgado, por su parte, explicó que el Partido no votó el proyecto de megaminería porque “no refleja el acuerdo multipartidario. En algún caso lo distorsiona y en otro agrega temas que no estaban acordados por consenso”.
“La minería dejará consecuencias muy fuertes a nivel ambiental, territorial, tributario y social”, por lo cual se necesitaba otras condiciones para su aprobación.
Durante la discusión en la Cámara Baja, el diputado Gerardo Amarilla se refirió a aspectos medioambientales y afirmó que la necesaria revisión de la minería se concretó “a partir del reclamo del diputado Luis Lacalle Pou, la triple interpelación y el ámbito multipartidario”, pero consideró que “resultan insuficientes las garantías ambientales”.
Más allá de reconocer el “ámbito multipartidario y los aportes de los integrantes del Partido Nacional”, cuestionó la filosofía misma en la que se basa la normativa propuesta por la que se entiende a la actividad minera como prioritaria y hasta preferencial respecto a otras actividades productivas. Amarilla sostuvo que “Se considera a la riqueza minera como superior y de mayor valor que otras riquezas naturales en nuestro territorio”.
El legislador nacionalista se preguntó: “¿Cuánto vale preservar un acuífero subterráneo o un curso superficial de agua? o ¿Cuánto vale poseer y explotar sustentablemente una hectárea de suelo fértil?” agregando que “Esta ley no nos brinda garantía para poder tener opciones de autorizar o no las explotaciones mineras, sin tener especial atención o cuidado por el agua, el suelo o la diversidad que pretendamos proteger”.
Amarilla recordó que en los cuestionamientos realizados en la interpelación se planteó la preocupación por “las zonas de relevancia ambiental, que pueden ser afectadas irreversiblemente como la Reserva de la Biosfera de Unesco o el área sometida bajo la protección de la Convención de Ramsar para la preservación de humedales”. Agregó que “Ese planteo sigue vigente así como el resto de las zonas de valor ambiental, incluidas o en estudio para incluir, en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas”.
El legislador también cuestionó la cláusula que establece confidencialidad ya que puede generar “falta de transparencia”-
Amarilla cuestionó duramente un artículo del proyecto por el que es establece el Arbitraje Internacional en eventuales conflictos entre el Estado y las empresas, expresando que “resulta más que cuestionable, la renuncia legal que se hace por este proyecto de ley a que el Estado entregue su soberanía para resolver diferendos con las empresas multinacionales, confiando estos a tribunales internacionales”. Agregando que la “Rechazamos esa postura como nacionalistas pero sobre todo porque se trata sobre diferendos que se pueden dar con respecto a la defensa de recursos naturales de nuestra tierra”.
El legislador culminó su intervención sosteniendo que por esta norma están en juego “la protección de los recursos naturales, el desarrollo sustentable y el Uruguay Natural” y recordó la frase José Artigas “No venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad”.
Votos negativos de Alianza Nacional y Aire Fresco
El Proyecto de Ley se aprobó en la Comisión Especial de Cámara de la Diputados el 9 de abril. Allí Miguel Otegui, de Alianza Nacional, y Álvaro Delgado, del sector Aire Fresco, votaron en contra y consideraron que “se debe seguir discutiendo para buscar un consenso social".
El diputado Álvaro Delgado explicó en el seno de la Comisión Especial, el proceso que lo llevó a votar en contra.
Según el legislador, el proyecto de ley surgió tras una larga historia vinculada a iniciativas de mega minería, particularmente algunos que habían comenzado sus etapas en el Uruguay. Tras la triple interpelación que Aire Fresco llevó a cabo en la Cámara de Representantes, el Poder Ejecutivo convocó una comisión multipartidaria para regular la minería de gran porte.
En esa comisión, el Partido Nacional presentó un documento votado por el Directorio del Partido Nacional, con requisitos fundamentalmente ambientales, tributarios y de ordenamiento territorial, otorgando además mayores garantías a los superficiarios.
En diciembre de 2011 se firmó el acuerdo multipartidario con bases conceptuales para regular la actividad, con algunas salvedades del Partido Nacional.
Luego de 11 meses el Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley, que tuvo dos modificaciones hasta llegar al definitivo.
Tras recibir cerca de 20 delegaciones en el seno de la comisión, Delgado sostiene que la mayor constatación fue la generación casi unánime de discrepancias y rechazos, frente a las críticas vertidas en la asesora por los grupos ambientalistas, la cámara minera, las gremiales rurales, la cátedra de derecho minero, empresas mineras, etc.
El legislador sostiene que la habilitación para la minería a gran escala debe realizarse con una actitud sumamente responsable y de protección ambiental, con garantías a productores agropecuarios, pero también con seguridad jurídica hacia las empresas mineras. Delgado insiste además, que deben elaborarse las directrices de ordenamiento territorial y medio ambiente en la etapa previa a la autorización, cosa no contemplada en el proyecto.
Si bien es cierto que el proyecto de ley contempla varios aspectos acordados en la comisión multipartidaria, existen otros que no han sido reflejados, o bien interpretado de maneras diferentes, además de haber propuesto nuevas reglamentaciones no acordadas en el seno de la multipartidaria.
Álvaro Delgado propondrá, de todos modos, textos sustitutivos a varios de los artículos votados, haciendo hincapié en las garantías ambientales, de ordenamiento territorial, y de seguridad jurídica, aunque el partido de gobierno posea mayorías parlamentarias.
Delgado considera que los consensos de las mayorías sociales y la sensibilidad pública al respecto deben prevalecer por sobre las mayorías políticas, pues el proyecto de ley de megaminería genera un cambio importantísimo que podría cambiar incluso, la matriz productiva del Uruguay.
Sin embargo, subrayó que continúa dispuesto a seguir trabajando junto a su sector en la búsqueda de consensos y garantías para todos los sectores involucrados.
La posición de Alianza Nacional (AN) se consolidó el 4 de abril, cuando el líder del sector, Jorge Larrañaga, se reunió con la Agrupación Parlamentaria para escuchar el informe del diputado Miguel Otegui, representante del sector en la Comisión Especial, y analizar el proyecto de megaminería.
Al finalizar, Alianza Nacional emitió una declaración donde explicitó y fundamentó su decisión de votar en contra. La misma fue firmada por los senadores Jorge Larrañaga, Eber Da Rosa, Carlos Moreira y los diputados Miguel Otegui, Pedro Saravia, Belmonte de Souza, Jorge Gandini, Mario García, Rodrigo Goñi, Pablo Iturralde, Gonzalo Novales, Daniel Peña y Mario Silvera.
Entre los principales cuestionamientos, los legisladores señalan que el Proyecto de Ley "excede largamente el acuerdo multipartidario" y que incluye “aspectos que modifican el espíritu del acuerdo original".
También expresaron su rechazo al procedimiento que obligó a votarlo cuarenta y ocho horas después de presentada su última versión.
En esa oportunidad el diputado Otegui señaló que si bien el sector reconoce que “el desarrollo minero en el marco de la diversificación del sector en el país es de creciente importancia”, no pueden acompañar “un proyecto en el que el gobierno no ha sido flexible a algunos aspectos que se han presentado para mejorarlo”.
No obstante, Alianza Nacional está dispuesta a seguir trabajando, así como a considerar -en el futuro inmediato e incluso durante el tratamiento del tema en el Senado-, “un proyecto que promueva el desarrollo de la minería en el país con todas las garantías productivas y ambientales, custodiando los derechos adquiridos en el marco de la legislación vigente y preservando los intereses públicos y de las futuras generaciones”.
La declaración también hizo las siguientes consideraciones:
1. Que se reafirma en sus principios orientadores: defensa de la tierra y su función social, el impulso de un auténtico modelo de desarrollo productivo con dimensión nacional, la protección del Medio Ambiente, así como el respeto absoluto por la ley y los derechos que de ella emergen.
2. Que luego de cinco meses de trabajo para lograr un acuerdo multipartidario, once meses de discusión dentro del Poder Ejecutivo y cinco meses en el ámbito parlamentario, recién el pasado martes la bancada del Frente Amplio presentó un Proyecto definitivo que pretende votar en cuarenta y ocho horas.
3. Que a la desprolijidad que caracterizó todo este proceso signado por un Gobierno que no sabe exactamente lo que quiere en este tema, deben sumarse los cambios permanentes y hasta el anuncio del propio Presidente de la República de realizar una asociación con la Empresa Aratirí, confirmando de ese modo que éste Proyecto de Ley nació con nombre y apellido.
4. Que el Proyecto de Ley se construye sobre el Plan de Negocios de la Empresa Aratirí, inviabilizando en la práctica otros proyectos y emprendimientos que permitirían desarrollar la explotación de otros minerales yacentes en nuestro subsuelo.
5. Que la delegación del Poder Ejecutivo comprometió presentar un Plan Director Minero de Ordenamiento Territorial que nunca llegó y cuya consideración debe ser previa a la aprobación de esta Ley.
6. Que destacamos con preocupación la llamativa ausencia del MGAP en la elaboración de este Proyecto de Minería de Gran Porte, dado que su visión es fundamental para la compatibilidad del desarrollo minero con la preservación del Uruguay Natural, en un modelo de equilibrio y diversificación productiva.
7. Que se desconocen y violan los derechos adquiridos de los titulares de los predios superficiarios, poniendo en riesgo la continuidad de todo el proceso ante eventuales y futuras acciones judiciales.
8. Que el natural y legítimo conflicto de intereses que se producirá con los titulares de las tierras superficiarias, desestimulará el desarrollo futuro de la explotación minera en el país.
9. Que el Proyecto, tal como está presentado, no impide que futuros Gobiernos -al amparo de mayorías circunstanciales y motivados por necesidades coyunturales-, puedan cambiar el destino del Fondo Intergeneracional que podría recaudar más de mil millones de dólares anuales.
El proyecto original surgido del acuerdo multipartidario fue enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento en octubre del año 2011. La última versión, con modificaciones, se entregó a la Comisión a comienzos de esta semana, y la bancada del Frente Amplio apuró su votación que comenzó en la mencionada Comisión el 15 de abril. Esta es una de las razones por las cuales Alianza Nacional no lo acompaña.
El sector también criticó el anuncio del Presidente de la República de realizar una asociación con la empresa Aratirí, confirmando de ese modo que “este proyecto de ley nació con nombre y apellido".
En ese sentido Alianza Nacional considera que se construye sobre el plan de negocios de la empresa Aratirí, y de esa forma se inviabiliza, en la práctica otros proyectos. Según el diputado Otegui, eso “no quiere decir que sea para Aratirí, sino que fue redactado a raíz de (la presencia) de Aratirí".
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Editor
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