Columnistas                                 

Durante el lapso transcurrido en fechas muy próximas los docentes de las entidades públicas de enseñanza han mantenido paros y ocupaciones, en reclamo de mejoras presupuestales, que ciertamente han creado muy grave situación al desenvolvimiento de la enseñanza. Se entiende pertinente señalarlo, pero el tema que hoy ocupa el primer lugar para ser comentado se entiende que son las decisiones que la Asociación de Maestros de Montevideo –Ademu-, adoptó relativamente a docentes a ella afiliados según se ha de explicar enseguida.

Según la información que ha trascendido ampliamente, dicha entidad resolvió, en fecha reciente, “expulsar del sindicato a los consejeros de Primaria Héctor Florit, Irupé Buzzetti y Mirta Frondoy, al Subsecretario de Educación Juan Gómez, y al director nacional de Educación, Luis Garibaldi”. “Esta resolución se fundamenta en que los maestros hemos esperado demasiado tiempo para que las actuales autoridades de la Educación, ex dirigentes sindicales del Magisterio, defiendan las necesidades de la Educación Pública, así como los derechos de los maestros y sus salarios”. Ello ha sido inserto en un comunicado de Ademu Montevideo que suscribe su Secretaria General Raquel Bruschera.

No está ciertamente en discusión que una entidad gremial que, además de su naturaleza de tal, está gremialmente vinculada con quienes desempeñan cargos en los directorios de las instituciones de enseñanza pública, pueda mantener discrepancias o disidencias con aquellos que ocupen en sus directorios, designados por las autoridades gubernamentales competentes, funciones de dirección.

Pero, obviamente, nadie habrá de considerar que es correcto que en un régimen de índole democrática se pretenda, o se intente, descalificar a las personas que ejercen legítimamente tales funciones, solamente en función de no coincidir con el contenido de decisiones que dichos directores hayan propuesto o hayan apoyado.

Y además, a nadie se le ocurriría, ciertamente, que las personas que, por sus condiciones personales, indujeron a las autoridades a designarlos para desempeñar cargos de dirección en dichas entidades, debieran ajustar sus votos u opiniones al criterio de los docentes que ocupen cargos en los directorios de acuerdo con el régimen vigente.

A ello se debe agregar que es de muy especial gravedad también que quienes están al frente de dicha entidad gremial, o integren como socios sus asambleas, voten su expulsión de la entidad por tales disidencias o discrepancias. Ello tampoco se ajusta a lo que corresponde dentro del normal funcionamiento de un régimen democrático, que en el país tiene plena vigencia desde que se aprobó en 1830 su primera constitución.

Lo expuesto es muy claro para explicar el gravísimo error en que dicha entidad, y obviamente los docentes que contribuyeron a aprobar con sus votos tales indebidas decisiones, han incurrido.
Como complemento útil con relación a lo que precedentemente se expone se agregan algunos conceptos e informaciones.

Cuando, durante el anterior período gubernamental, en el Parlamento se analizaba el proyecto que luego fue la llamada “Ley de Educación”, dio lugar a disidencias que los directorios, además de personas que reunieran condiciones para la dirección de entidades o entes públicos, se integraran con docentes, sólo en función de su condición de tales.

Ello significaba que no se tuviera en cuenta que la función de “dirección” de las entidades públicas se debe confiar a quienes tienen formación que los haya hecho aptos para tal dirección. Y es muy claro que la calidad de “docente”, que mucho se respeta por todo lo que en sí mismo significa, no califica para el desempeño de cargos con funciones de dirección, sí para el asesoramiento a quienes ejercen la función directiva, salvo que el docente haya adquirido especialización relativamente a la función administrativa de dirección.

Se trata de un concepto doctrinario muy antiguo, que tiene vigencia universal, pero que en el caso concreto no fue tenido en cuenta al respecto.

Los muy graves errores incurridos por los docentes que, en el caso, intervinieron en las decisiones de Ademu Montevideo que se comentan en la presente columna, son poco explicables, precisamente por su calidad de tales, o sea de docentes. Pero seguramente habrán de dar lugar a la revisión de las decisiones adoptadas.

En fecha reciente quien escribe ha expresado, y hoy lo reitera, que considera un deber formular conceptos como los precedentes, aunque no es con agrado que asume tal deber. Pero que desea, y que descuenta que así será, que quienes han incurrido en tan importante error mediten, con serenidad, acerca de las circunstancias del caso, y así lo reconozcan. Su calidad de docentes, que además de serlo deben enseñar con sus actitudes, debe así incidir en tan importante cuestión.
      Rodolfo Canabal
  

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