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Columnistas  14/3/14 - Nº 152                                            

 

Álvaro Delgado

 

 

Llegando tarde

 

 

 

 

El gobierno se encuentra atravesando un período inflacionario situado por encima de los registros de años anteriores. En los últimos meses, el Índice de Precios al Consumo tuvo la mayor suba desde 1995. Para ser precisos, el IPC se elevó 1,66% en febrero, y en el primer bimestre, acumula un alza de 4,14%. A propósito, la inflación llegó al 9,82% al mes de febrero, siendo la más alta desde el año 2004.

 

Ante esta situación se ha anunciado, por parte del Poder Ejecutivo, un paquete de medidas tendientes a contener la inflación, llegando a mencionar medidas de índole tarifario si ello fuese necesario. Así pues, tras una reunión mantenida entre el ministro de Economía, Mario Bergara, y el PIT-CNT, el titular de la cartera señaló que bajarán las tarifas de UTE, de Antel, y bajarán el IVA a ciertos productos como frutas y verduras. Según trascendió, lo que bajará será el costo fijo de esos servicios prestados por el Estado, lo que representa, sumado a la rebaja en el IVA, un costo de más de 100 millones de dólares.

 

Nosotros hemos sido críticos de los últimos aumentos, particularmente de UTE y Ancap. Hace poco más de un año, coincidiendo con un aumento tarifario de UTE, elevamos un pedido de informes en el que solicitábamos conocer la paramétrica del ente para aquella suba del 5.6%, cuando el aumento sugerido era de 4,5%, según fuimos informados por fuentes del organismo.

 

Nosotros hemos afirmado que varios ajustes fueron injustificados, y que había margen para mantener los precios, o bien contener las alzas. Pero hubo que llegar a esta situación, con la inflación rozando los dos dígitos, para que el margen apareciera.

 

Es así que el detonante para que el gobierno tenga un reconocimiento sorpresivo de que hay espacio para un ajuste a la baja fue la preocupación, en año electoral, de la inflación en nuestro país, en momentos en que el IPC se encuentra en la mitad, a dos meses de comenzado el año, de la previsión en la materia.

 

En primer lugar, debemos señalar que la rebaja es bienvenida, y también es bienvenido el margen de maniobra que parece tener UTE a estos efectos, pero nos parece inadecuado llegar a esta situación para echar mano a soluciones que podrían haberse dado antes, y no como último recurso.

 

Nosotros hace tiempo que venimos reclamando la reestructuración de las tarifas públicas, sobre todo en lo que refiere a lo establecido por el acuerdo multipartidario de energía, del que participamos, y que fue firmado por todos los partidos políticos con representación parlamentaria. En aquel, se establecía que debería generarse una reestructuración y un reestudio de las cargas impositivas en las tarifas, cosa que hasta el momento no ha ocurrido, y difícilmente ocurra a poco menos de un año de cambio en la jefatura del Ejecutivo.

 

Actualmente tenemos los combustibles y la energía eléctrica más caros de la región, y es presumible que en muchos casos, esas tarifas, encubran otro tipo de subsidios. Con lo que paga la población y la producción nacional por los combustibles y la tarifa eléctrica se están absorbiendo otros costos, pero se pierde competitividad debido a lo oneroso de las tarifas públicas.

 

No parece muy sorprendente que se necesite una señal de alarma como es una inflación cercana al 10% para que se tomen acciones buscando rebajar las tarifas públicas, particularmente la de energía eléctrica, y eventualmente la de los combustibles, pues si ahora hay margen, ya lo había.

 

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