Aníbal Steffen |
Plunagate: una
vergüenza nacional que no termina en dos fusibles
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No se ha
disipado aún el olor a fusible quemado. El Frente Amplio procura
desesperadamente minimizar el daño que le causó el procesamiento del
exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y del expresidente del Banco
República (BROU), Fernando Calloia y dar por terminado el asunto.
Pero el
“Plunagate” no se extingue descartando dos fusibles. Es una historia que
cubre de oprobio a todo el gobierno (el actual y el anterior); es el
espejo en que se refleja lo peor del Frente Amplio.
Es un
horror que debe servir para desenmascarar a quienes predicando
honestidad y generosidad, sembraron odio hacia los partidos que
edificaron la República, y a los cuales atribuyeron todas las “plagas de
Egipto”.
Es un
asunto turbio que comienza más arriba en la cadena jerárquica y más
atrás en el tiempo.
La
historia comienza cuando en 2006, el entonces presidente Tabaré Vázquez
y su Ministro de Economía, Danilo Astori, concretan la asociación de
Pluna con la empresa Leadgate que lideraba Matías Campiani.
Fue una
operación llena de ocultamientos, falta de transparencia, contratos con
cláusulas secretas y otras joyitas.
La
elección discrecional (¿antojadiza?, ¿caprichosa?, ¿interesada?,
¿irresponsable?) de una empresa sin antecedentes en el rubro
aeronáutico, nunca fue suficientemente explicada. Como tampoco lo fue la
compra de 7 aviones Bombardier cero quilómetro, desaconsejada por
numerosos expertos en la materia, incluidos funcionarios de Pluna.
Pero lo
concreto es que el Estado uruguayo garantizó la totalidad del precio de
compra de los 7 aviones, siendo propietario apenas del 25 por ciento de
la empresa.
La
gestión de Pluna bajo la gerencia de Campiani fue un desastre. El
negocio era ruinoso.
Gente muy
cercana al enredo expresó públicamente que en verdad el negocio de
Campiani ni era volar, era comprar los aviones. Entre sobreprecios y
comisiones hizo su zafra. Lo demás no tenía importancia.
Entonces
–ya estábamos en el segundo gobierno frenteamplista- el presidente
Mujica no tuvo mejor idea que decidir el cierre de la empresa. Pluna
dejó el tendal: acreedores, empleados, proveedores, clientes… De venía
un alud de litigios legales que costarían mucha plata al Estado
uruguayo.
Allí
Mujica tuvo su segunda gran idea: estafar a los acreedores vaciando la
empresa y no pagar nada.
Para ello
inventó un remate falso. Con la ayuda del empresario López Mena,
consiguió a un señor de nombre cambiado, o “el señor de la derecha” que
fingiendo representar a la empresa Cosmo –una pequeña empresa europea
cuyo capital no alcanzaba ni para un avión- “adquirió” los 7 aparatos
Bombardier, contando para ello con un aval del Banco República.
La
maniobra fue tan desprolija, tan chapucera, que todo se supo enseguida.
Campiani
y sus socios terminaron presos. Pero el asunto continuó.
Hoy se sabe que Calloia, violando todas las disposiciones que regulan
ese tipo de operación bancaria, dio el aval del Banco República al
“señor de la derecha” en cuestión de horas. Claro, no actuó por su
cuenta. Obedeció al exministro Lorenzo que le dio instrucciones
telefónicas.
Lorenzo y
Calloia, como es notorio, terminaron procesados: una vergüenza nacional,
aunque sus amigos políticos festejaron que el procesamiento fue sin
prisión.
Es
conocido el relativismo ético de Mujica. ¿Pero Lorenzo y Calloia se
beneficiaron con la maniobra? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué se dejaron
usar para tan infantil y malintencionada maniobra?
Supongo que a esta altura nadie duda de que Lorenzo recibió una orden
directa del Presidente de la República. ¿Por qué la acató? ¿Obediencia
debida? Debió renunciar en ese mismo instante y no ensuciarse las manos
y esperar que lo procesaran por abuso de funciones para dejar su cargo.
El propio
Mujica admitió públicamente su responsabilidad en todo el asunto. Pero
no están claras sus motivaciones. Lo que está clarísimo es que más allá
de las implicancias jurídicas de su conducta, existió un conjunto de
transgresiones éticas inaceptables.
Vázquez,
Astori, Mujica ¿nadie les pedirá cuentas? ¿Ni siquiera aquellos que los
votaron?
Es
imprescindible aclarar las responsabilidades de esta novela que no es un
simple desvío o apartamiento de las normas. Es una estafa de
proporciones siderales, que desprestigia al estado Uruguayo y al partido
que ostenta el poder. Porque es una estafa que surge del seno mismo del
Estado. De lo más alto de la escala jerárquica.
Mientras
algo tan grave no tenga su correspondiente sanción, política, judicial o
al menos ética, el camino estará expedito para que los gobernantes hagan
cualquier cosa.
Por
ejemplo, el proyecto Aratirí tiene todas las características de un
asunto oscuro e insidioso, con el agravante de que constituirá un
atentado al medio ambiente que sufrirán las futuras generaciones. Hay
que pararlos. Si no es por medio de la Justicia, que sea por medio del
voto.
Anibal Steffen
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