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Ante el mal uso de las potestades
sindicales
En anterior comentario se analizó la forma
adecuada que, en nuestro régimen constitucional, se estructuró el conjunto
de normas orientadas a instaurar un sistema de garantías y derechos de los
trabajadores, y también de las entidades que los agrupan, para hacer
eficaz la defensa de tales garantías y derechos, algo que ciertamente
prestigia nuestro sistema constitucional. Paralelamente se hizo entonces
alusión a que, no obstante estar sus garantías, derechos y vías para su
amparo debidamente estructurados en dicho régimen, los trabajadores y sus
entidades sindicales es frecuente que invoquen potestades que rebasan los
límites correspondientes; también que los sindicatos actúen influidos por
criterios de índole política que, sin lugar a ninguna duda, están fuera de
lo que corresponde, pues al respecto no se suele advertir que si bien el
derecho de los trabajadores a actuar, en lo personal, en materia política,
existe con plena libertad, ello no es extensible a los sindicatos;
consecuentemente, no se guarda la debida distancia y el indispensable
respeto entre las actitudes meramente personales y las que corresponde a
las entidades sindicales.
En materia de potestades es frecuente, se reitera, que se invoquen
potestades que van más allá de lo pertinente, y que se pretenda imponer
decisiones que no corresponden sino a quienes tienen las facultades de
dirección en cada emprendimiento o empresa; y si bien no son siempre en sí
mismos indebidos tales planteamientos, sí lo son al respecto las
exigencias desmedidas e intransigentes. También causan problemas aquellos
pedidos que no tienen en cuenta que no siempre es posible atenderlos sin
previamente aguardar un razonable lapso de adaptación.
En toda negociación, el olvido de que la transacción debe estar siempre
presente para el logro de una culminación razonable, que además preserve
las buenas relaciones entre las partes, suele tener resultados negativos,
porque alarga desmedidamente los conflictos y además afecta
desfavorablemente el ambiente de trabajo.
La realidad actual en materia tan importante, por el alto número de
conflictos, por la extensión de los sectores abarcados, por los
inconvenientes que de ellos se derivan, por el tiempo transcurrido desde
que comenzaron, es sin duda muy severa. Téngase presente, por ejemplo, el
caso del conflicto de los funcionarios municipales de la capital, o el que
ha afectado muy severamente servicios quirúrgicos; y muy especialmente que
hasta se ha llegado, nada menos, que a la paralización de servicios
policiales, y se podrá apreciar que la realidad presente en esa materia es
ciertamente muy alarmante.
Por ello corresponde formular un llamado a la realidad, y por encima de
todo a la prudencia, a los trabajadores, a sus entidades sindicales y
obviamente a quienes las orientan. Pero además fundamentalmente a las
autoridades públicas, pues en medida no despreciable el panorama que se
aprecia actualmente no es ajeno a la forma equivocada en que actuaron en
materia tan importante.
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