Después de tres años de espera, finalmente las micro, pequeñas y medianas
empresas uruguayas contarán con el ansiado trampolín que les permitirá
acceder a los mercados internacionales. Esas empresas que en el
Uruguay
representan el 98 % de las unidades productivas, podrán exportar a partir
de la aprobación de la Ley 18323 que crea y regula los Consorcios de
Exportación.
La ley, que nació a partir de un Proyecto impulsado por el senador Ruperto
Long, promete convertirse en la solución para pequeñas empresas que jamás
en su vida hubieran pensado en exportar.
Para conocer qué son los consorcios de exportación, y cómo beneficiarán a
la mayoría de las empresas uruguayas, La Democracia conversó con el
senador Ruperto Long.
También consultamos a la Secretaria Ejecutiva de la Unión de Exportadores,
Teresa Aishemberg que aportó su punto de vista sobre el tema.
Por Laura Martínez
La Ley de Consorcios de Exportación que surgió a partir de una iniciativa
del senador Ruperto Long, había sido aprobada en el año 2005 por la Cámara
de Diputados. Luego se le hicieron algunas modificaciones y se acordó
entre ambas Cámaras el texto final que es el que a la postre fue aprobado
y promulgado. Sin embargo llegar a la instancia de convertir el proyecto
en ley llevó tres años, según el senador Long sin más razón que “la
lentitud de tiempos instalado en el Uruguay, que es un tema a corregir”.
“Esta
ley salió aprobada por unanimidad en el Senado; no hubo opiniones de fondo
en contra, sí por supuesto de detalle; todo indicaba que en Diputados era
eventualmente hacer algunas correcciones y aprobarla. Pero eso tomó tres
años”, se lamenta Long.
Incluso “la Unión de Exportadores había sugerido la aprobación inmediata
de esta ley, porque es un instrumento que ayuda en el tema de escala que
es lo que no tiene nuestro país ni nuestras empresas”, dice Teresa
Aishemberg, Secretaria Ejecutiva de la Unión de Exportadores.
En el proyecto de ley del senador Long trabajó un equipo técnico en el
cual “el Dr. Eugenio Xavier de Mello fue el artífice fundamental”. Y según
el senador, recoge iniciativas similares en la materia, sobre todo en
Italia que es “el padre” de los consorcios de exportación, y luego procura
insertarlo en la realidad uruguaya de la mejor manera posible. “La esencia
es lograr un instrumento que facilite la participación de las micro,
pequeñas y medianas empresas en el comercio exterior. De esas empresas que
en el Uruguay son el 98 % de las unidades productivas, sólo participan el
7 % en las exportaciones. En Uruguay exportan en definitiva, solamente las
grandes empresas; esa sería una forma simplificada de expresarlo”, señala.
Esta ley permitirá que una gran cantidad de empresas de tamaño pequeño,
mediano, se asocien entre sí para realizar una exportación, pero sin
perder sus características individuales.
El Consorcio de Exportación es una asociación de un conjunto de empresas,
que pueden ser del mismo rubro o no, a efectos de comerciar en el exterior
en forma conjunta. Pero cada empresa sigue manteniendo su marca, sus
clientes dentro del país, sus características propias. Se asocian para
realizar una exportación, que puede incluir acciones de promoción,
participación en ferias, visitas a clientes, un representante común en un
mismo país, una oficina en común en Uruguay y hasta el envío de productos
en forma conjunta, realizado por el consorcio. Es decir, comparten todos
los costos de funcionamiento, lo que determina que estos disminuyan
significativamente.
Según Long, puede ser por ejemplo, un productor en el ámbito rural
asociado con un industrial o con una empresa de servicios también. Y todos
ellos tienen en común, por ejemplo, que pueden ser de la misma zona del
país, o que tienen una afinidad natural porque es gente amiga, está
vinculada o tiene algún tipo de relación, o pueden querer vender a una
misma zona del mundo. Se puede crear un consorcio por ejemplo, para vender
exclusivamente a Estados Unidos. “Tiene que haber un común denominador,
pero ese común denominador puede ser muy variado”, dice.
De no asociarse bajo la modalidad de consorcio de exportación, la mayoría
no podría competir por razones de escala.
Asociadas no sólo se hace posible la exportación, sino que se facilita
todo lo que tiene que ver con la misma. Según el senador, en el tema de
capacitación, por ejemplo, si se precisa un técnico nacional o extranjero,
una cosa es que ese costo lo asuma una sola empresa, y otra cosa que eso
lo compartan entre 15 o 20 empresas que integran el consorcio de
exportación.
Una empresa uruguaya normalmente no puede tener un stand en una feria en
el exterior, pero 15, 20 o 30 empresas, integradas a un consorcio sí.
Puede no haber ningún vendedor en el exterior interesado en vender para
una pequeña o micro empresa uruguaya, pero si tiene un paquete de empresas
con una oferta más variada, es posible que le interese más.
“El eje de la cuestión acá es vencer la restricción del tema de escala
mediante la asociación de empresas”, dice Long.
Según Teresa Aishemberg, a partir de ahora las empresas tendrán un
incentivo para mejorar la asociatividad. Y explica que “ya existen
proyectos en Uruguay que promueven la asociatividad, porque es una forma
inteligente de mejorar la escala así como lo hacen otros países, como
Brasil, por ejemplo”. Y agrega que incluso Brasil, que “es una especie de
continente, porque es muy grande”, necesita mejorar la inserción
internacional de sus empresas a través de vínculos o inversiones en otros
países. “Como sucede en el caso de Uruguay con los frigoríficos, que
necesitan escala a pesar de que son grandes.
¡Imaginémonos nosotros que somos bien pequeñitos, cómo necesitamos
instrumentos como los consorcios de exportación!”, dice.
Para conformar el consorcio no hay ninguna exigencia, pero sí las hay a la
hora de integrarlo. Las cuota partes deben ser relativamente equilibradas,
para lo cual se establece una norma que determina que “ninguna empresa
tendrá una participación menor a la mitad ni superior al doble de lo que
daría si todas ellas tuvieran el mismo porcentaje de participación.
Es una fórmula matemática que tiende a evitar que se concentre en una
única empresa. Acá no queremos un consorcio formado por una empresa que
tenga el 90% y después diez chiquitas que tengan el 1 %”.
Las empresas en sí mismas pueden ser muy grandes, otras medianas y otras
muy pequeñitas, pero la participación en el consorcio, “para que se dé un
efecto de asociatividad tiene que ser similar”, todas tienen un porcentaje
parecido, “de modo que el consorcio no sea una única empresa que comanda
la batuta y 10 más que van al ritmo de lo que marca esa”.
El consorcio es una asociación creada con ánimo de permanencia en el
tiempo y admite que nuevas empresas se incorporen, pero su longevidad
dependerá de las leyes del mercado como la de cualquier otra empresa.
La renuncia fiscal ayuda
Desde el punto de vista tributario, según el senador Long, hay dos mejoras
muy importantes. La primera es que la venta de una empresa que integra el
consorcio, al consorcio (la empresa mantiene su individualidad, produce
algo y lo va a exportar, pero el que exporta es el consorcio, entonces la
empresa se lo vende al consorcio y éste lo vende al exterior), se
considera una exportación de modo que está exenta de IVA.
“Es una enorme simplificación, no es que le venda con el IVA y después
tenga que salir a recuperarlo, sino que directamente lo vende exento del
impuesto”.
La otra mejora, es la facultad que se le da al Poder Ejecutivo, “que la
acordamos con el propio Ministerio de Economía, de exonerar total o
parcialmente al consorcio ni más ni menos que del IRAE y de la cuota parte
de patrimonio que corresponda por los bienes del propio consorcio”,
enfatiza Long.
Aún falta reglamentar esta facultad que se le otorga al Poder Ejecutivo la
tendrá que reglamentar, pero en opinión del senador, “abre una ventana muy
importante”.
Y a propósito de las mejoras tributarias, recuerda que en general la
experiencia en países como España e Italia es dar un incentivo por unos
cuantos años, “una cierta renuncia fiscal para favorecer este fenómeno de
asociación”.
Otra particularidad de los consorcios de exportación es que el eventual
incumplimiento de una empresa socia del consorcio no perjudica a las demás
desde ningún punto de vista, porque no son solidariamente responsables
entre sí.
Por ese motivo, según el senador, fue necesario “generar esta forma
jurídica especial, el consorcio de exportación, que está definido en la
ley basándose en figuras existentes en la ley de sociedades comerciales,
pero transformándola en algunos aspectos que esenciales. Y el más esencial
es que las empresas no son solidariamente responsables con la actividad
del consorcio”.
“Supongamos que tenemos en un consorcio veinte empresas asociadas, pero se
logra una transacción comercial con un determinado mercado y son solamente
cinco las que exportan. Esas cinco responderán por sus productos y
eventualmente constituirán si se les exige o corresponde, alguna garantía
adicional. Lo que no puede suceder es que esas cinco, o alguna de ellas
incumpla y arrastre a todo el resto de las empresas del consorcio”, dice.
Y explica, esa es una particularidad de los consorcios de exportación que
existía en el mundo y acá no había forma de materializarla porque no
existía esta forma jurídica. De modo que si las empresas se asociaban y
constituían algún otro tipo de sociedad perdían su identidad y quedaban
vinculadas entre sí de forma solidariamente responsables.
¿Consorcios de exportación o Grupos de interés económico?
El artículo 3º de la Ley prevé dos denominaciones posibles: consorcios de
exportación o grupos de interés económico.
Según Ruperto Long, “en la ley actual de sociedades comerciales la forma
que se entendió que era más adecuada para tomar como base es la denominada
Grupo de interés económico; así se denomina en la Ley 16.060. Aquí se
adapta con modificaciones que tienen que ver por ejemplo con el tamaño de
las participaciones o con el tema de la solidaridad de las
responsabilidades.
“Esa es la forma a nuestro juicio más adecuada, pero también se dejó
abierta la puerta para denominar consorcio de exportación a lo que en la
ley actual se llama consorcio, que es una sociedad accidental que tiene
como objetivo una sola operación y que se agota con la misma”. Esto es
para el caso de que un conjunto de empresas que quieran realizar una única
experiencia y se asocien solamente a efectos de concretar una venta,
constituyan lo que hoy día se llama consorcio y se disuelva
posteriormente. “Pero eso no es lo deseable”; se apresura a aclarar, “lo
que a nosotros nos interesa es que esos consorcios sean permanentes. Por
eso de las dos formas que están en el texto legal recomendamos la de grupo
de interés económico, porque esa sí permite darle continuidad en el
tiempo”.
El Estado se compromete a apoyar a los Consorcios
“El Poder Ejecutivo promoverá la constitución y desarrollo de los
Consorcios de Exportación y adoptará las medidas necesarias para que los
Ministerios con competencia en las materias relacionadas con el objeto de
dichos consorcios, presten a éstos la máxima colaboración y las mayores
facilidades para el cumplimiento de sus cometidos.
El Poder Ejecutivo establecerá la naturaleza y el alcance de dichas
medidas y las comunicará a la Asamblea General”, dice expresamente el
Artículo 11 de la Ley de Consorcios de Exportación.
El senador explica que la idea fue establecer algunas cosas específicas en
las cuáles se tradujera ese apoyo del Estado a través del gobierno,
“porque partimos de la base de que este fenómeno de los consorcios de
exportación, que es la única forma de que la inmensa mayoría de las
empresas uruguayas puedan exportar alguna vez en la vida es algo bueno
para el país. Entonces si es algo bueno, el país lo tiene que estimular”.
“Evidentemente cada Poder Ejecutivo puede tener una visión distinta de los
instrumentos que quiere utilizar”, dice, y propone que alguien puede
procurar dar instrumentos de tipo crediticio, y establecerá que el Banco
República tengas líneas especiales, otro podrá apostar más al tema
promocional, y utilizará Uruguay XXI o el Ministerio de Relaciones
Exteriores para favorecer la participación en ferias y giras en el
exterior. “En definitiva en Comisión, lo que acordamos fue esta medida que
reconozco que es un poco declarativa y confiamos que este gobierno en el
tramo que le queda para el futuro gobierno (que espero que sea el nuestro;
estoy seguro que lo será), utilice esta herramienta”.
En opinión de Teresa Aishemberg “el Ministerio de Industria ha tomado el
tema
como suyo” y a través de fondos italianos se ha conformado un consorcio de
software, “pero también otros programas están trabajando con ellos”. “Yo
creo que es un buen momento para que las empresas se tecnifiquen en lo que
es la inserción internacional, porque hay apoyos muy importantes”, agrega.
Según el senador hay muchísimas formas que el Estado puede, sin costo o
con costos mínimos estimular este fenómeno. “Pero es verdad que establecer
un decálogo de esas medidas puede variar con cada gobierno, entonces quedó
establecido esto como un planteo de carácter general y cada uno lo tratará
de aprovechar de la mejor manera posible”.
En lo que refiere al actual gobierno existe el compromiso político de
apoyar a los consorcios mediante diversos mecanismos.
“De hecho las reglas de los propios números del Parlamento indican que no
hubiera podido salir, y menos por unanimidad si no hubiera habido un
compromiso del gobierno de sacarlo adelante”, afirma Long.
“La exportación es un tema que tiene que trascender todos los gobiernos.
Es una política de Estado, porque nadie discute que la exportación es
importante o no para el país.
Por esa misma razón, porque es un objetivo común de todos que se crezca,
exportando, porque no tenemos mercado interno, este instrumento viene a
colaborar para que a partir de ahora podamos ser más competitivos en el
exterior, más allá de los gobiernos de turno”, explica Teresa Aishemberg.
Según el impulsor de la iniciativa, esta ley va a ser muy útil, y si este
gobierno “o el que venga lo usa como debe usarse, muy fuertemente”, va a
dar como resultado que cientos de empresas que nunca hubieran pensado en
exportar, van a terminar yendo a dar al mercado exterior. “Eso además lo
vi suceder de alguna forma en mi experiencia en el LATU en el cual
hacíamos esto, creábamos cierto tipo de asociaciones. Seguro, no teníamos
instrumento legal, ni tributario ni nada. Era a pulmón, y sin embargo se
logró que mucha gente llegara al mundo con sus productos que le hubiera
resultado impensable en otro momento”, recuerda.
Curiosamente, antes de aprobarse esta ley, la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) ya tenía aprobado un programa
para consorcios de exportación en Uruguay, y no había forma de ejecutarlo.
Al punto que “hay técnicos asignados, recursos para apoyar la creación de
consorcios y nosotros no lo podíamos hacer. La Cámara de Industrias, la
Unión de Exportadores, todos han estado remando para que se instale este
sistema en Uruguay, y faltaba siempre el instrumento legal”.
Para Teresa Aishemberg, la aprobación de esta ley “es una muy buena
noticia, ya que la habíamos esperado por mucho tiempo”. “Ahora vamos a
trabajar con el Ministerio de Industria para lograr instrumentarlo y que
rápidamente pueda estar accesible y motivante para las empresas
exportadoras”, dijo.
En cuanto a los posibles apoyos de la Unión de Exportadores hacia los
Consorcios de Exportación, la Secretaria Ejecutiva del la institución
expresó que seguirán apoyando a las empresas como lo han hecho siempre, y
“vinculado tanto al Poder Legislativo como a los técnicos expertos en
comercio exterior, como lo ha sido el técnico Dr. Eugenio Xavier de Mello.
También el Ing. Ruperto Long, que durante años estuvo vinculando el tema
de los consorcios de exportación a la Unión de Exportadores”, concluyó
Aishemberg.
