Editorial 29/08/08 - Nº 32

 

Ideologías sí, ideologizar no. . .


En su acepción más ortodoxa, aquella que la define como conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, colectividad o época, o de un movimiento cultural, religioso o político, las ideologías han estado indisolublemente unidas al desarrollo del ser humano.
De la misma forma que en lo individual reafirmamos nuestra dignidad ajustando nuestro comportamiento a determinados valores éticos libremente aceptados, en lo colectivo, en lo grupal, nos afiliamos a un conjunto de ideas que engloban deseos, metas y procedimientos por lo general destinados al bienestar, mejoramiento de condiciones y/o desarrollo de las sociedades.
No es nuestro objetivo profundizar sobre caracteres y contenidos de las ideologías. Bástenos a estos efectos señalar que las mismas son inherentes a la naturaleza del ser humano. Diríamos, imprescindibles a sus necesidades espirituales. Aún quienes sostengan que no profesan, no aceptan o no desean alguna, solo esconden su incapacidad para expresar su pertenencia a grupos ideológicos definidos.
De igual forma, los movimientos políticos necesitan definirse ideológicamente, al menos en cuanto se refiere a ideas fuerza que sostienen su propia esencia. Algunos son mera consecuencia de ideologías universales, otros amalgaman ideas y principios convergentes de distintas corrientes, imprimiendo un sello particular, propio.
Pero todos ellos pretenden una identidad centrada en sus definiciones ideológicas, las que en definitiva sustentan sus expresiones programáticas, tanto de principios como de acciones concretas de gobierno.
Y está bien que así sea. Un partido político se legitima en la medida que represente ideas-valores capaces de generar, de por sí, la adhesión de sus partidarios.
Esa identificación ideológica sólo debiera usarse en forma positiva, como fuerza captora de voluntades que se sientan atraídas por sus postulados, o inspiración de acciones concretas que estén en sintonía con los principios que proclama.
Jamás deberá entenderse como barrera infranqueable, divisoria rígida o separación permanente de otras ideologías diferentes. No lo permite su esencia misma ni, menos aún, la evolución tecnológica globalizada que impone imprescindible interdependencia entre las diferentes culturas, etnias, filosofías y religiones.
En este aspecto el gobierno ha equivocado el rumbo. No ha entendido que el derecho que le asiste de defender su propia ideología política, no le permite, en el ejercicio de sus acciones de gobierno, favorecer u optar por aquellos grupos o comunidades que sienta identificados con su mismo color.
Esto no es defensa de las ideologías, es simplemente ideologizar situaciones que no tienen porqué serlo.
Múltiples ejemplos avalan esta afirmación. Tan notorios en el campo de la acción ejecutiva como en la parlamentaria, sea esta en su función política o legislativa.
Veamos algunos de ellos. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en la versión impuesta por el anterior Canciller, fue en su momento buque insignia de la ideologización. No tuvo reparos en regular las relaciones internacionales según sus preferencias ideológicas, en clara oposición a lo que fue la inveterada, y muy respetada, política de estado que mantuvo siempre nuestro país, y que le valiera el unánime respeto de la comunidad internacional.
La frustración del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, producto indiscutido de esa absurda ideologización, fue quizás la joya más preciada de esa pequeñez espiritual, y, naturalmente, por la que pagamos el más alto precio. Precio muy caro si lo medimos con los parámetros económicos habituales, pero más caro aún si se le relaciona con las situaciones de pobreza, miseria o dolor que hubiere permitido superar.
Cómo no recordar también aquella pérdida de la dignidad nacional que involucrare, además de la Cancillería, al propio Parlamento, supuestamente primer custodio de los valores democráticos. Resulta difícil de olvidar aquella convocatoria de la Asamblea General, a la tres de la mañana, para ratificar, a tapas cerradas, el Tratado de incorporación de Venezuela al Mercosur. Todo para que a las nueve de la mañana el Canciller esperare al señor Chávez al pie de la escalerilla de su avión con la ofrenda de su aprobación. Insuperable demostración de servilismo y alcahuetería impuesta sólo por la absurda ideologización. Para desgracia y vergüenza del señor Canciller, y dejar más en evidencia la falta de dignidad expuesta, el avión nunca llegó y, aún hoy, ni siquiera Venezuela ratificó el tratado.
Tampoco el tema de la educación ha sido ajeno a la “cultura oficial” de la ideologización. Sin duda la de mayores consecuencias negativas, atento a su incidencia en la formación y desarrollo intelectual y espiritual de los educandos. La ruptura de la laicidad favoreciendo, de las más diversas formas, una educación sesgada, ha sido una constante de la izquierda uruguaya. Las incongruencias entre el prometido diálogo sobre educación y el proyecto de ley publicitado (cuyo principal objetivo en el plano político es desplazar el eje del poder hacia su corporativismo) es prueba por demás fehaciente de esa actitud.
Inevitable también una referencia a la actitud del gobierno en relación a las relaciones laborales. Es natural que su propia ideología implique simpatías hacia determinados sectores. Lo absurdo es que la intención de “flechamiento” sea de intensidad tal que destruya equilibrios construidos con esfuerzo, e intente modificar, al amparo de peregrinas interpretaciones jurídicas, la extensión de derechos de consagración constitucional. Todo ello con el riesgo inherente de incidir negativamente en el necesario, deseado e imprescindible desarrollo económico del país.
El Frente Amplio tiene todo el derecho de defender su ideología. Lo que no puede, en su acción de gobierno, es ideologizar procesos que nada tienen que ver con las ideas políticas, y que necesitan imprescindiblemente de regulaciones imparciales y objetivas.

 

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